La entidad alertó sobre irregularidades en documentos expedidos con registros civiles sin número de identificación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil encendió las alertas tras detectar más de un centenar de cédulas que podrían estar siendo usadas para suplantación de identidad. La investigación se da en un momento clave para la entidad, que se prepara para un año con récord de elecciones atípicas.
Gracias al trabajo conjunto entre el Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial (GADIA) y la Dirección Nacional de Registro Civil, se identificaron 134 cédulas expedidas a partir de registros civiles que no contaban con número de identificación, una condición obligatoria según la normatividad vigente.
Tecnología contra el fraude
La anomalía se descubrió al analizar 1.764 registros civiles de nacimiento inscritos entre 1980 y 1999 que nunca fueron convertidos en tarjeta de identidad o cédula. El modelo de análisis implementado por la Registraduría detectó que, pese a esa omisión, sí se habían expedido documentos de identidad asociados a algunos de esos registros.
En un comunicado oficial, la entidad explicó que el modelo de analítica e inteligencia artificial permitirá emitir alertas semanales para que se investiguen posibles casos similares en las registradurías del país.
“Esto nos permitirá mitigar los riesgos de suplantación, fraudes documentales y contribuir a depurar el censo electoral”, señaló la Registraduría.
Un año electoral sin precedentes
La entidad, bajo la dirección de Hernán Penagos, atraviesa una intensa agenda electoral. Solo en lo que va de 2025 se han repetido o programado 11 elecciones de alcaldías, y se prevé que el año cierre con más de 30 comicios atípicos, una cifra sin precedentes en la última década.
El registrador nacional ha confirmado que es la primera vez que se programan tantas jornadas electorales en un mismo año, lo que ha requerido mayor despliegue logístico, impresión de tarjetones e instalación de mesas en todo el país. El costo estimado de estos procesos supera los $40.000 millones.
En medio de esta temporada electoral atípica, la lucha contra las irregularidades en el registro civil se vuelve una prioridad para garantizar transparencia y legitimidad en cada elección.
