El presidente Petro no se guardó nada y celebró la decisión de la Corte Suprema contra los expresidentes del Congreso involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd.
Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la captura de los excongresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse.
Desde su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario expresó su apoyo a la decisión del alto tribunal y lanzó duras críticas, especialmente contra Iván Name, a quien acusó de entorpecer de forma deliberada las reformas estructurales del Gobierno.
Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedará su tiempo de discusión.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 7, 2025
Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo.
Almoarecer busvo en em amor la.foema de extraee dinwros para pagar campañas… pic.twitter.com/T20fXOXn9k
“Saboteó la reforma pensional”: la dura crítica presidencial
Petro fue directo: “Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, escribió en su perfil.
La reacción del presidente no solo respalda la decisión judicial, sino que deja claro que, desde su visión, los actos de corrupción también tenían un trasfondo político, al obstaculizar el avance de iniciativas clave del Ejecutivo en el Congreso.
Un caso que sigue escalando
La captura de los expresidentes del Senado y la Cámara por presunto cohecho y peculado, vinculados a sobornos por $4.000 millones en total, marca un nuevo capítulo en el escándalo de la Ungrd. Tanto Name como Calle son acusados de recibir estos recursos a cambio de influir en decisiones legislativas clave relacionadas con contratos de emergencia.
El pronunciamiento presidencial agrega presión política y mediática a un caso que amenaza con sacudir aún más las estructuras del poder legislativo en Colombia.