Aunque la delegación del Gobierno acelera la reglamentación del nuevo espacio para el Frente 33, aún hay incertidumbre sobre seguridad, armas y logística.
El reloj corre para el Gobierno en su intento de establecer una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Catatumbo destinada al Frente 33, parte de la disidencia autodenominada Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). Aunque ya se están afinando los detalles del decreto presidencial que definirá su creación, la iniciativa aún enfrenta interrogantes clave sobre seguridad, condiciones logísticas y manejo de las armas.
El tiempo límite está marcado en el Decreto 0448 del pasado 17 de abril, el cual suspendió las operaciones ofensivas contra esa estructura armada e impuso un plazo de 30 días –que vence el 18 de mayo– para iniciar el traslado del Frente 33 hacia esa zona.
Este decreto estableció que el Gobierno debía garantizar las condiciones de seguridad y logística necesarias, comenzando por el Bloque Magdalena Medio, comandado por alias John Mechas, y luego extender el proceso al resto del EMBF.
Dos posibles ubicaciones y preocupaciones sobre convivencia
Durante la última semana se han sostenido reuniones entre la delegación del Gobierno, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, representantes de la Fuerza Pública y organismos internacionales. Como resultado, ya se conformó un grupo de trabajo que se encuentra sobre el terreno para evaluar opciones de ubicación y definir necesidades básicas como agua, luz y saneamiento.
Se manejan dos posibles sitios para la ZUT: la vereda Vetas, cerca de Tibú, y un sector próximo al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio. Este último ha generado alarma entre firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, quienes temen por su seguridad.
“Planteamos que de ser cierta esa información, es necesario blindar tanto a la población como a la comunidad firmante”, señaló Diego Tovar, miembro del Partido Comunes y del CSIVI (Comité de Seguimiento al Acuerdo de Paz).
Los temores no son infundados: seis firmantes de paz han sido asesinados y diez están desaparecidos en la región tras recientes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias.
Avanza la planificación, pero persisten los vacíos
Una comisión de evaluación liderada por Fabio Valencia y Gloria Quiceno –delegados del Gobierno– se reunirá el 15 de mayo para revisar avances. Esta comisión es independiente de la que debe presentar recomendaciones al presidente Petro sobre el proceso general de paz.
No obstante, temas fundamentales siguen sin resolverse. La Ley 2272 de 2022, o Ley de Paz Total, exige que las ZUT cuenten con una delimitación geográfica clara y definan su temporalidad y funcionamiento. Hoy, ninguna de esas condiciones está formalmente establecida.
Viejas lecciones, nuevos retos: ¿cómo se manejarán las armas?
El debate sobre la presencia o no de armas en la ZUT es uno de los puntos más delicados. Mientras Gloria Quiceno ha afirmado que los integrantes del Frente 33 no ingresarán armados, Andrey Avendaño –uno de los líderes del grupo– ha planteado que las armas se almacenarán en un depósito, sin dejar de ser consideradas “propiedad del pueblo”.
“Desde que empezó este proceso, dijimos que las armas no son negociables. No son nuestras. El pueblo decidirá qué hacer con ellas”, dijo Avendaño en entrevista con La Opinión de Cúcuta.
Este escenario recuerda a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización creadas tras el Acuerdo de Paz de 2016, donde los excombatientes ingresaron armados y vivieron condiciones precarias en los primeros días. “Muchos llegaron a dormir bajo bolsas. El Gobierno no fue rápido en su respuesta”, relató una fuente conocedora de ese proceso.
Por ahora, se espera que en los próximos días se definan los protocolos sobre la disposición de las armas en coordinación con la Fuerza Pública.
La comunidad internacional pide claridad
Aunque organismos internacionales han participado en reuniones recientes, han manifestado su preocupación por la falta de información detallada sobre el proceso. Su rol, clave en la verificación del Acuerdo de 2016, aún no ha sido definido con claridad en este nuevo contexto.
La Ley de Paz Total establece que el Gobierno debe concretar la participación de estas instancias nacionales e internacionales en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad. Sin embargo, sus representantes han solicitado reuniones directas con comandantes como Calarcá Córdoba y Leopoldo Durán para entender mejor el rumbo de la negociación.
