Centrales obreras saldrán a las calles este miércoles y jueves en respaldo a la propuesta del presidente Petro. La oposición advierte riesgos de violencia y cuestiona el llamado.
El país se prepara para dos jornadas de movilización nacional convocadas por las principales centrales obreras, que anunciaron un paro nacional para este miércoles 28 y jueves 29 de mayo. El objetivo: respaldar la propuesta de consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro tras el archivo de su reforma laboral.
El Gobierno nacional ha manifestado abiertamente su apoyo a estas movilizaciones, mientras que sectores de la oposición, así como algunos alcaldes, han expresado preocupación por el tono de los llamados y las posibles consecuencias de las marchas.
Apoyo sindical y llamado a la movilización
Sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han planteado una participación masiva. Fabio Arias, presidente de la CUT, afirmó que esperan entre tres y cuatro millones de personas movilizadas en todo el país.
“La movilización social será por la consulta popular, porque están haciendo trizas las reformas sociales, en particular la reforma laboral”, dijo Arias.
A esta jornada también se suman la Central General de Trabajadores (CGT), Fecode, organizaciones indígenas como la minga y miembros del Pacto Histórico, tanto del Congreso como del Ejecutivo.
En un inicio, los organizadores habían calificado la jornada como una “huelga general”, pero ahora la denominan “paro nacional”, enmarcado en la protesta social por la defensa de las reformas del Gobierno.
Dispositivo de seguridad: 36.000 policías desplegados
Ante la magnitud del evento, las autoridades ya activaron planes de contingencia. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, informó que se desplegarán 36.000 uniformados para garantizar el orden público:
“La intención es que las marchas se desarrollen de forma pacífica. La labor de la Policía es brindar seguridad, como siempre lo ha hecho”, señaló el oficial.
Petro insiste en el poder del pueblo
El presidente Petro ha sido enfático en su respaldo a la movilización social. Desde el 14 de mayo, día en que se hundió el primer intento de consulta en el Senado, llamó a sus bases a organizar cabildos abiertos y coordinar acciones populares.
“El pueblo debe decidir. Al pueblo no se le silencia con trampas. Estoy listo para lo que el pueblo decida”, escribió en su cuenta de X.
También ordenó a la fuerza pública abstenerse de reprimir a los manifestantes:
“La orden como presidente de la República es que no se debe hacer uso de la fuerza contra el pueblo”, afirmó.
Duras críticas desde la oposición
Desde el otro lado del espectro político, la respuesta no se hizo esperar. El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó el llamado a las calles y advirtió sobre posibles consecuencias:
“Nuestro llamado es a negar la convocatoria. Petro tiene antecedentes destructores. No caigamos en provocaciones que inciten al delito o a la confrontación”, dijo Uribe.
Alcaldes como Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Federico Gutiérrez (Medellín) también expresaron su preocupación. Galán fue enfático al señalar que no es momento de “jugar con fuego”:
“Quienes tenemos responsabilidades de gobierno no podemos incitar con discursos incendiarios a salidas violentas”, afirmó el mandatario capitalino.
Gutiérrez, por su parte, fue más duro:
“Lo que quiere el Gobierno es incendiar las ciudades. Si pasa algo en Medellín, será responsabilidad del presidente Petro y su gabinete por incitar al odio”, declaró.
