El decreto 0586 crea oficialmente un cargo asistencial en el ICBF para madres y padres comunitarios, mientras el Congreso se alista para debatir la reforma laboral.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió no esperar al Congreso y dio un paso decisivo en materia laboral: formalizó la figura de las madres comunitarias a través del decreto 0586 del 28 de mayo de 2025, creando un nuevo cargo en la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Esta medida, que se adelantó a la reforma laboral que aún no ha sido debatida en la plenaria del Senado, busca garantizar derechos laborales a quienes durante décadas han trabajado cuidando a niñas y niños en los Hogares Comunitarios de Bienestar.
¿Qué dice el decreto?
El decreto establece una nomenclatura especializada para este nuevo rol dentro del ICBF, reconociendo “la especificidad del rol que cumplen las madres comunitarias en la atención de niñas y niños usuarios de la modalidad comunitaria”.
El cargo tendrá un nivel asistencial y estará circunscrito únicamente a la planta del ICBF. Esta decisión se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que contempla como uno de sus compromisos centrales la formalización laboral progresiva y gradual de estas trabajadoras históricamente invisibilizadas.
¿Y la reforma laboral?
Aunque el decreto ya es un hecho, el tema también aparece en la reforma laboral que sigue en trámite legislativo. El artículo 73 del proyecto se refiere a la vinculación oficial de madres comunitarias y sustitutas como trabajadoras del Estado. La norma prevé que esta integración se haga por etapas durante cuatro años, así:
- 2025: 25% del total de madres comunitarias vinculadas.
- 2026: otro 25%.
- 2027: otro 25%.
- 2028: el 25% restante, o antes, si las condiciones financieras del ICBF lo permiten.
Aunque la reforma aún debe ser debatida en la plenaria, el Gobierno se anticipó con este decreto como señal de su compromiso con el sector social.
Contexto político: una jugada en medio de tensiones
La decisión del Ejecutivo ocurre en medio de un ambiente tenso con el Congreso, donde la ponencia de la reforma laboral fue aprobada en Comisión Cuarta, pero sin el respaldo del Pacto Histórico, el partido de Gobierno. El articulado ha sido criticado por sectores que lo califican de tener “medidas regresivas” frente a la propuesta original.
Así, mientras la consulta popular naufraga y la reforma laboral enfrenta resistencias, el Gobierno opta por avanzar en su agenda por decreto, marcando territorio en uno de los temas más sensibles del debate nacional: el reconocimiento y la dignificación del trabajo social y comunitario.
