El presidente Gustavo Petro y varios sectores afines al Gobierno calificaron la decisión de la Fiscalía de Guatemala como un ataque político y un acto de venganza contra dos figuras clave de la institucionalidad colombiana.
Una tormenta diplomática se desató luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala ordenara la captura de Luz Adriana Camargo, fiscal General de Colombia, e Iván Velásquez, actual embajador ante el Vaticano y exministro de Defensa. Ambos son señalados por supuestas irregularidades cometidas durante su participación en procesos judiciales contra la corrupción en el país centroamericano.
La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, comparó la actuación de la justicia guatemalteca con la administración del exfiscal colombiano Francisco Barbosa, asegurando que obedecen “al crimen y no a las ciudadanías”.
“El caso de la Fiscalía de Guatemala, como el de la colombiana en tiempos de Barbosa, o como la que apresó al presidente Pedro Castillo, son expresiones de cómo las multinacionales del narcotráfico intentan cooptar los poderes judiciales para garantizar su impunidad”, denunció Petro, quien además propuso que estos actos sean considerados crímenes de lesa humanidad y llevados ante la justicia penal internacional.
El mandatario colombiano también hizo un llamado a abogados independientes a redactar una causa penal internacional contra estas estructuras mafiosas que, según él, operan tras bambalinas de decisiones judiciales como esta.
“Una afrenta a la soberanía y a la lucha anticorrupción”
El repudio a la decisión guatemalteca no provino solo del jefe de Estado. Políticos, exfuncionarios y congresistas cercanos al Gobierno también cerraron filas en defensa de Camargo y Velásquez. Roy Barreras, exembajador en el Reino Unido, calificó la orden como una “retaliación corrupta” por su trabajo ejemplar contra las redes de corrupción en Guatemala.
“Es un ataque a la institucionalidad colombiana y una trampa que INTERPOL debe rechazar”, advirtió Barreras en redes sociales.
Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, coincidió: “Es un claro caso de venganza de funcionarios judiciales corruptos contra la tarea internacional que cumplieron en nombre de la justicia”.
Desde el gabinete actual, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la decisión como “una agresión inaceptable” que compromete la soberanía colombiana y atenta contra dos figuras “íntegras”.
Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, recordó que el fiscal guatemalteco responsable de la orden de captura figura en la lista Engel del Departamento de Estado de EE.UU., que identifica a actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica.
¿Interferencia judicial o persecución internacional?
Mientras el Gobierno de Colombia evalúa su posición oficial frente a esta nueva tensión internacional, las voces a favor de Camargo y Velásquez se multiplican en defensa de lo que consideran una cruzada legítima contra la corrupción. El caso reaviva además el debate sobre la politización de las fiscalías en la región y el riesgo de que el sistema judicial se convierta en un instrumento de persecución.
