Aunque el decreto fija el 7 de agosto como fecha para la consulta, su realización depende ahora de la decisión que tome el registrador nacional, en medio de un intenso debate jurídico y político.
El reloj avanza, pero el panorama es incierto
El decreto con el que el presidente Gustavo Petro convoca una consulta popular ya está en el despacho del registrador nacional, Hernán Penagos. La norma establece como fecha para la jornada electoral el próximo 7 de agosto, pese a que el Senado había rechazado esta iniciativa el pasado 14 de mayo, con 49 votos en contra frente a 47 a favor.
El Gobierno argumenta que dicha votación está viciada por “yerros insubsanables”, y por ello decidió seguir adelante con el proceso. Sin embargo, la responsabilidad de convocar oficialmente a las elecciones recae ahora sobre Penagos, de acuerdo con lo que establece la ley.
El registrador, en el centro del dilema
La situación pone al registrador en el centro de una controversia institucional. Desde el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le envió una comunicación oficial en la que le pide explícitamente no convocar a elecciones, amparándose en el resultado del debate legislativo.
Paralelamente, sectores de oposición e independientes han interpuesto recursos judiciales, entre ellos solicitudes de medidas cautelares, con el fin de frenar la implementación del decreto.
La pelota está en la cancha de las cortes
Según fuentes internas citadas por El Espectador, en la Registraduría toma fuerza la opción de esperar el pronunciamiento de las altas cortes, entre ellas el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que ya tienen el decreto en análisis.
En efecto, el documento fue asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien deberá estudiar su constitucionalidad. En su más reciente intervención pública, durante la posesión de la magistrada Lina Escobar, Ibáñez destacó que la Corte es la “voz serena de la razón” y un contrapeso para preservar el orden constitucional.
Peticiones de inconstitucionalidad y advertencias económicas
Además del debate jurídico, varios partidos opositores e independientes han enviado una carta formal a la Registraduría en la que solicitan que se aplique la figura de excepción de inconstitucionalidad, es decir, que el registrador no acate el decreto mientras se resuelve su legalidad.
En la misiva, se advierte que continuar con el proceso podría implicar una afectación económica significativa, al tratarse de una consulta que, según ellos, no cuenta con el respaldo legal requerido.
¿Qué sigue?
Mientras tanto, Penagos ha sostenido reuniones con juristas y expertos constitucionales para evaluar los escenarios posibles y determinar cuánto tiempo tiene para tomar una decisión, que podría marcar un precedente en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y los organismos de control.
