Por: El informe preliminar argumenta que el mandatario no conocía el origen de los fondos. La responsabilidad recaería en su exgerente de campaña, Ricardo Roa.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara estaría próxima a cerrar el expediente contra el presidente Petro por presuntas irregularidades en su campaña de 2022, al concluir que no tuvo conocimiento ni responsabilidad directa en los hechos.
Una ponencia en construcción dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes apunta a exonerar al presidente Gustavo Petro en el caso por presunta financiación irregular durante su campaña de 2022. La tesis: el entonces candidato delegó funciones clave y no estaba al tanto del origen de ciertos fondos, por lo que no habría dolo ni responsabilidad penal directa.
Según reveló la revista Semana, los congresistas que integran la terna investigadora —Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo— ya tendrían lista la ponencia a favor del mandatario. La decisión está en pausa hasta que se resuelvan varias recusaciones presentadas contra los investigadores, un paso necesario para formalizar el cierre del caso, que podría ocurrir en octubre.
El documento final contemplaría archivar la investigación contra Petro, pero remitir copias a la Fiscalía sobre Ricardo Roa, exgerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, para que se evalúe su posible responsabilidad penal.
La línea de defensa se basa en que Petro no conocía el origen de los fondos utilizados durante la campaña, incluyendo aportes realizados por sindicatos como Fecode y la CUT, o servicios como el uso de un avión presuntamente vinculado a una empresa cuestionada por actividades ilegales.
Este argumento reproduce el mismo enfoque utilizado en el caso del expresidente Ernesto Samper durante el proceso 8.000 en los años 90, cuando el Congreso concluyó que no había pruebas de que Samper supiera del ingreso de dineros del narcotráfico.
Además, se espera que el expediente revele testimonios clave, como los de directivos de la empresa Supergiros y de autoridades sindicales que confirmaron los aportes a la campaña, aunque aclararon que Petro no participó directamente en su gestión.
Aunque la ponencia admite que se habrían violado los topes electorales, sostiene que no existen pruebas contundentes de que el presidente conociera o autorizara esos manejos. La Corte Constitucional, por su parte, ya había retirado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia de investigar al jefe de Estado.
De ser aprobada por la Comisión, la decisión podría ser apelada y pasar a la Plenaria de la Cámara, donde el Gobierno cuenta con mayoría. Esta definición podría coincidir con la elección del nuevo presidente de la Cámara, prevista para el 20 de julio, proceso en el que el Ejecutivo busca asegurar el control del Congreso.
En el fondo, esta estrategia refleja el mismo modelo que permitió exonerar a Juan Manuel Santos en el caso Odebrecht, donde el gerente de campaña terminó condenado, pero el entonces presidente fue desvinculado.
