Por: En la recta final de su mandato, el presidente Gustavo Petro buscará mover dos fichas clave en el Congreso: una reforma tributaria de $26,3 billones para financiar el presupuesto de 2026 y una ley que permita reducir las tarifas de energía, una de sus promesas más repetidas en campaña.
Un presupuesto ambicioso en medio de tensiones fiscales
El proyecto de presupuesto para 2026 asciende a $556,9 billones y, según el mandatario, no contempla recortes pese a la presión de varios sectores. Durante su discurso en Leticia, Petro insistió en que no sacrificará programas sociales y recordó que gran parte de esos recursos se destinan a salud, educación, pensiones y a garantizar un salario mínimo para todos los soldados del Ejército.
El Gobierno también pretende ampliar la cobertura del bono pensional para tres millones de adultos mayores sin pensión, medida incluida en la reforma pensional que sigue suspendida a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El reto de la tributaria en el último año
Para cumplir ese presupuesto, el Ejecutivo requiere aprobar en el Congreso una ley de financiamiento —equivalente a una reforma tributaria— que busca recaudar $26,3 billones. La cifra supera incluso la de la primera tributaria de este gobierno. Sin embargo, el camino legislativo es complejo: en 2024 ya se hundió una propuesta similar y el presupuesto quedó parcialmente desfinanciado.
El Ministerio de Hacienda defiende que el 92 % del gasto es inflexible, por lo que recortar del 8 % restante pondría en riesgo la economía. No obstante, varios analistas insisten en que un ajuste del gasto es necesario para evitar un mayor deterioro fiscal.
Déficit y credibilidad económica
El panorama fiscal no es alentador. Con la regla fiscal suspendida, se proyecta que el déficit alcance el 7,1 % del PIB en 2025, el más alto en más de un siglo fuera del periodo de la pandemia. El riesgo, advierten expertos, es que si los ingresos proyectados —incluyendo los de la tributaria— no se concretan, Colombia podría perder credibilidad en los mercados, encareciendo su deuda y aumentando la presión sobre las finanzas públicas.
Gonzalo Hernández, exviceministro técnico de Hacienda, subraya que una mayor deuda obligaría a destinar más recursos al pago de intereses, reduciendo aún más el margen para inversión y reforzando las mismas inflexibilidades que el Gobierno critica.
Críticas al pasado y promesas para el cierre de mandato
Petro ha reiterado que la situación fiscal actual es consecuencia del nivel de endeudamiento heredado del gobierno de Iván Duque, y asegura que sus reformas apuntan a garantizar estabilidad macroeconómica para los próximos gobiernos. La verdadera prueba será si, en su último año, logra convertir esas propuestas en leyes aprobadas y efectivas.
