La Superintendencia de Subsidio Familiar está en el ojo del huracán tras las denuncias de trabajadores sindicalizados que aseguran ser víctimas de persecución laboral, imposición de cuotas, acoso sexual y sobrecarga de trabajo.
Las acusaciones recaen directamente sobre Sandra Cadena, actual superintendente y exfuncionaria del gobierno de Iván Duque. Según el sindicato Sintrasubfa, bajo su administración se han presentado prácticas arbitrarias, desconocimiento de derechos laborales y hostigamiento a empleados de planta.
En un informe divulgado por la organización se señala, además, a otros altos funcionarios, entre ellos Inés Lorena Llanos Castro (superintendente delegada) y Roberto Luis Pérez Montalvo (secretario general), por su papel en decisiones administrativas que habrían desbordado las competencias legales.
Los trabajadores denuncian que contratistas sin funciones jerárquicas estarían impartiendo órdenes a funcionarios de carrera, mientras que la falta de herramientas tecnológicas como un software de nómina ha generado errores en pagos y mayor presión sobre los equipos.
La organización sindical advierte que estas prácticas han derivado en estrés crónico, incapacidades médicas y afectaciones de salud mental entre empleados. “Lo que vivimos ya no son simples incumplimientos, es violencia laboral institucionalizada”, señala el documento.
El caso ha escalado al debate público con fuertes reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la gestión de Cadena y piden la intervención del Gobierno nacional. Hasta ahora, la Superintendencia no ha emitido un pronunciamiento oficial.


