Por: Un informe del ente de control advierte graves problemas de gestión y coordinación entre la Dian, ministerios y Fontur en el manejo de los recursos recaudados al turismo.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas por presuntas fallas en la administración del impuesto al turismo en Colombia, que habrían dejado en riesgo más de $23.000 millones por deficiencias de control, mala coordinación institucional y problemas en la ejecución de proyectos financiados con estos recursos.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la recaudación, administración y ejecución del impuesto al turismo, un gravamen que se cobra a los pasajeros cuando compran tiquetes aéreos de tráfico internacional cuyo origen es el exterior y cuyo destino incluye territorio colombiano.
Según el documento, los hallazgos fiscales identificados ascienden a $28.310 millones y corresponden a la vigencia 2023. De ese total, al menos $23.000 millones estarían comprometidos por deficiencias en los controles y por una falta de articulación entre las entidades responsables del manejo de estos recursos públicos.
La Contraloría señaló que las irregularidades involucran a varias entidades del Gobierno nacional, entre ellas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las fallas detectadas no solo afectarían el recaudo y la administración del impuesto, sino también la ejecución de proyectos estratégicos en municipios que dependen de estos recursos para impulsar el turismo local.
De acuerdo con el informe, uno de los principales problemas identificados es la ausencia de controles efectivos y de mecanismos claros de coordinación entre las entidades encargadas del proceso, lo que habría facilitado errores en la asignación y uso de los fondos. Esta situación, advierte el ente de control, pone en riesgo la correcta destinación de los recursos y limita el impacto esperado en el desarrollo turístico de las regiones.
La Contraloría también subrayó que la mayor incidencia fiscal detectada corresponde al proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por Fontur. Este proyecto fue concebido como una iniciativa estratégica para fortalecer la conectividad y el turismo en distintas zonas del país, especialmente en regiones con acceso fluvial limitado.
Según la información oficial, el proyecto de embarcaderos inició el 26 de diciembre de 2023, con un plazo contractual de 20 meses y una fecha de finalización prevista para el 25 de agosto de 2025. La iniciativa contemplaba la instalación de 88 embarcaderos en 81 municipios del territorio nacional, con el objetivo de mejorar la infraestructura turística y dinamizar las economías locales.
No obstante, el informe de la Contraloría advierte que existen riesgos fiscales asociados a la planeación, ejecución y seguimiento del proyecto, lo que podría derivar en sobrecostos, retrasos o en una ejecución que no cumpla con los objetivos inicialmente planteados. Estas falencias, señala el organismo de control, reflejan debilidades estructurales en la gestión de los recursos provenientes del impuesto al turismo.
El ente de control también alertó que la falta de claridad en los roles y responsabilidades de cada entidad involucrada ha dificultado el seguimiento adecuado de los recursos, generando un escenario propenso a errores administrativos y a posibles pérdidas para el Estado. Esta situación resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que los fondos del impuesto al turismo están destinados a proyectos que buscan impulsar el desarrollo regional y mejorar la competitividad del sector.
El informe se conoce en medio de cuestionamientos a la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro, particularmente en lo relacionado con la eficiencia en el manejo de recursos públicos y la ejecución de programas estratégicos. Aunque la Contraloría no atribuye responsabilidades individuales, sí advierte la necesidad de correctivos urgentes para evitar mayores afectaciones fiscales.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a las autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de control, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar que los recursos recaudados por el impuesto al turismo cumplan efectivamente su propósito. De no adoptarse medidas oportunas, advirtió, los municipios beneficiarios podrían ver limitados proyectos clave para su desarrollo turístico y económico.
