Por: Durante años, en Colombia se repitió casi como un reflejo automático que el Estado era débil frente al narcotráfico y que la extradición era más discurso que realidad. Hoy, esa narrativa empieza a romperse con dos datos difíciles de ignorar: 810 extradiciones en lo que va del Gobierno Petro y más de 1.700 toneladas de cocaína incautadas en poco más de dos años y medio de mandato, hasta noviembre de 2024, una cifra récord en la historia del país.
No son números decorativos. Son definiciones políticas. Y también una respuesta directa a quienes insisten en presentar a este Gobierno como “blando” frente al crimen organizado. La extradición de alias Pipe Tuluá es una muestra clara de ese giro. No fue una casualidad ni un trámite más. Fue una orden expresa del presidente Gustavo Petro y, esta vez, sí tuvo un ejecutor claro: el ministro de Justicia en encargo, Andrés Idárraga.
Cuando el Presidente ordena… y el ministro ejecuta
En Colombia hay una verdad incómoda que pocas veces se dice sin rodeos: el presidente ordena, pero muchos de sus ministros han tenido agendas distintas a las del propio Gobierno. Ese desajuste ha sido uno de los principales problemas de Petro y una de las razones de sus cambios ministeriales constantes.
Por eso este caso importa. Porque aquí ocurrió algo que debería ser normal, pero no lo es: Andrés Idárraga hizo lo que todos los demás debían hacer—cumplir una orden presidencial. Sin reinterpretarla, sin dilatarla y sin dejarla morir en el escritorio. La orden de extraditar a alias Pipe Tuluá se ejecutó de inmediato. Y en un país acostumbrado a la distancia entre lo que se ordena y lo que se hace, eso ya es una señal de autoridad real.
Idárraga: ejecutar también es hacer política
La ejecución de esta extradición deja una lectura política clara. Idárraga no solo mostró eficacia administrativa, mostró algo más escaso en el ejercicio del poder: lealtad al proyecto de gobierno. En un Estado donde no son pocos los funcionarios que practican la desobediencia silenciosa, que una orden sensible se cumpla sin titubeos dice más que cualquier discurso. Gobernar no es solo comunicar bien: es lograr que las decisiones se conviertan en hechos.
Extradiciones e incautaciones: los hechos frente al relato
Hay otro punto que conviene decir sin rodeos: Colombia sí tiene hoy una lucha real contra el narcotráfico. Y no se sostiene en narrativas, sino en resultados. A las 810 extradiciones se suman más de 1.700 toneladas de cocaína incautadas en poco más de dos años y medio,una cifra sin precedentes para el país.
Estos datos desarman una crítica repetida sin rigor: que este Gobierno habría bajado la guardia frente al narcotráfico. Los hechos muestran lo contrario. Nunca antes se había extraditado tanto ni se había incautado tanto en tan poco tiempo.
Golpear las estructuras, no a los de siempre
La diferencia no está solo en el volumen, sino en la estrategia. El Gobierno ha optado por golpear las estructuras criminales y a quienes las dirigen, en lugar de seguir criminalizando de forma masiva a campesinos que cultivan hoja de coca para sobrevivir. Durante décadas, esa lógica fallida llenó cárceles de eslabones débiles mientras los verdaderos dueños del negocio seguían intactos. Extraditar capos, incautar cargamentos y atacar las finanzas del narcotráfico tiene impacto real. Lo otro fue una guerra desigual contra los más pobres.
Un mensaje hacia afuera… y hacia adentro del Estado
Las cifras de extradiciones e incautaciones no solo envían un mensaje a las organizaciones criminales. También envían un mensaje interno: las órdenes presidenciales no son simbólicas, son para cumplirse.
En este caso, hubo una orden clara del Presidente y un ministro —Andrés Idárraga— que la ejecutó. Y esa combinación, más que cualquier discurso, es la que permite recuperar autoridad estatal. Petro ordenó e Idárraga ejecutó: golpear a los capos y no a los campesinos, extraditar a los jefes y no perseguir a los de siempre. 810 extradiciones y contando. Eso es gobernar para el país, no para los narcos.
