Por: Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia al cargo de presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá S.A., función que ejercía como primer suplente desde el 28 de mayo de 2025, en medio de la crisis invernal que golpea al departamento de Córdoba y tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien pidió su salida y anunció una investigación preliminar.
Según se conoció, la renuncia aplica únicamente al cargo directivo y no implica su salida de la empresa. La decisión se produjo pocas horas después de que el jefe de Estado solicitara indagar la gestión de los embalses, en el contexto de las inundaciones que han dejado siete personas muertas, más de 50.000 familias damnificadas y miles de hectáreas de cultivos afectadas en Córdoba.
En su carta de renuncia, Acevedo aseguró que la decisión fue tomada tras una reflexión personal, institucional y ética, con el propósito de evitar que su permanencia en el cargo desvíe la atención de la emergencia humanitaria y de garantizar la estabilidad de la compañía.
El directivo explicó que optó por apartarse del cargo para permitir que la empresa continúe con sus operaciones sin generar controversias ni confrontaciones con la Presidencia, en un contexto que calificó como especialmente sensible para las comunidades afectadas.
Acevedo enfatizó que su salida busca preservar la continuidad operativa y la estabilidad institucional de Urrá, al considerar que esta es la medida más responsable frente a la coyuntura actual.
En paralelo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició indagaciones preliminares para revisar la gestión de los embalses por parte de los agentes generadores del Sistema Interconectado Nacional, en medio de las críticas del presidente Petro por las descargas de agua que habrían agravado las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.
La SuperServicios informó que adelanta una evaluación integral del comportamiento operativo y comercial de los embalses, los precios de oferta en el Mercado de Energía Mayorista, los volúmenes de almacenamiento y su correspondencia con las condiciones reales del sistema. Además, se revisa un posible incumplimiento de los Planes de Gestión del Riesgo y de Desastres, conforme a la normativa vigente.
La polémica se intensificó luego de que el presidente Petro señalara que algunas hidroeléctricas, entre ellas Urrá e Hidroituango, habrían mantenido represas por encima de los niveles permitidos, obligando a realizar descargas que agravaron la emergencia, situación que incluso calificó como un posible “delito ambiental”.
Frente a estos señalamientos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) defendió la operación técnica de los embalses y aseguró que los vertimientos no son decisiones discrecionales, sino obligaciones técnicas, al tiempo que reiteró que estas infraestructuras cumplen funciones de regulación hídrica, generación de energía y reducción del riesgo de inundaciones.
