Por: El expediente reabre un caso clave sobre su presunta implicación en hechos ocurridos en 1997, mientras su defensa prepara estrategia para desvirtuar testimonios
La Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia el proceso contra Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con la masacre de El Aro, un caso que podría reabrir uno de los capítulos judiciales más delicados en la trayectoria del exmandatario.
El proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997 en el municipio de Ituango (Antioquia), volvió a tomar fuerza luego de que la Fiscalía General de la Nación decidiera enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se produce en una fase preliminar, sin que aún exista una audiencia formal, pero marca un paso determinante en la reactivación del caso. El expediente incluye información relacionada con el asesinato de 17 personas a manos de grupos paramilitares, así como una recopilación de testimonios y pruebas acumuladas desde la época en que Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Testimonios y antecedentes que reavivan el caso
Uno de los elementos centrales del proceso es el testimonio del fallecido exparamilitar Francisco Villalba, quien en su momento señaló directamente a Uribe Vélez de tener conocimiento o participación en los hechos. Estas declaraciones, junto con nuevas versiones y compulsas internas, motivaron la decisión de trasladar el caso al alto tribunal.
A esto se suman recientes afirmaciones del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien también ha sostenido que el exmandatario habría tenido conocimiento de los asesinatos perpetrados en la zona.
El expediente incluye además referencias a la hacienda Guacharacas, vinculada históricamente a la familia Uribe, y a otros episodios de violencia en la región, en medio de la confrontación con grupos guerrilleros como el ELN.
La defensa de Uribe mueve sus fichas
Ante este nuevo escenario, el equipo jurídico del expresidente, liderado por el abogado Jaime Granados, ya comenzó a estructurar su estrategia de defensa con el objetivo de demostrar que Uribe no tiene relación con la masacre.
Uno de los principales enfoques será cuestionar la credibilidad de testigos clave, en especial la de Juan Guillermo Monsalve. La defensa busca acceder a expedientes judiciales que, según su postura, demostrarían que Monsalve no es un exparamilitar, sino un delincuente condenado por secuestro, lo que restaría validez a sus declaraciones.
Asimismo, los abogados solicitaron a la Policía Nacional información detallada sobre los integrantes del esquema de seguridad de Uribe durante su paso por la Gobernación de Antioquia. Según la defensa, estos funcionarios podrían aportar testimonios directos sobre los movimientos del entonces mandatario y contribuir a desmontar las acusaciones.
Un proceso con antecedentes judiciales complejos
El nuevo frente judicial se suma a otros procesos que ha enfrentado el exmandatario en el pasado. Uno de los más relevantes fue el caso por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, que se extendió por cerca de 15 años y concluyó con su absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá.
Este antecedente es visto por su equipo legal como una referencia para enfrentar el actual proceso, que podría prolongarse durante varios años dada su complejidad y alcance.
Un caso que vuelve al centro del debate nacional
El envío del expediente a la Corte Suprema no implica una condena ni una decisión definitiva, pero sí reabre un debate que ha marcado la historia reciente del país: la responsabilidad de actores políticos en hechos del conflicto armado.
Mientras la Fiscalía avanza en la consolidación del caso, la defensa insiste en que existen pruebas suficientes para descartar cualquier vínculo de Uribe con la masacre.
Por ahora, el proceso entra en una nueva etapa que podría tener implicaciones tanto judiciales como políticas, en un contexto en el que el nombre del expresidente sigue siendo determinante en el escenario nacional.
