Por: El Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de competencias que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada en 2024. La iniciativa, radicada por los ministerios de Hacienda e Interior, busca definir cómo se distribuirán las nuevas responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales, con el propósito de avanzar en el proceso de descentralización del país.
El proyecto establece que el Gobierno Nacional concentrará sus funciones en la formulación de políticas públicas, la planeación y el seguimiento, mientras que municipios y departamentos asumirán gradualmente la ejecución de servicios estratégicos como salud, educación y agua potable.
La transferencia de competencias no será automática. El articulado propone un modelo de implementación progresiva en el que las entidades territoriales deberán demostrar capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir nuevas responsabilidades. De esta manera, los municipios mejor preparados podrán acceder con mayor rapidez a las nuevas funciones.
Asimismo, la propuesta condiciona el incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones al traslado efectivo de competencias desde el nivel central, con el objetivo de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y evitar duplicidad de funciones.
La iniciativa reglamenta la reforma constitucional aprobada en 2024, que contempla un aumento gradual de las transferencias de la Nación hacia las regiones. La meta es que la participación del SGP en los ingresos corrientes de la Nación pase del 29 % al 39,5 % durante los próximos 12 años.
Para que este esquema entre en vigor a partir del 1 de enero de 2027, el Congreso deberá aprobar la ley de competencias antes de finalizar 2026.
El proceso de construcción del proyecto incluyó una amplia etapa de concertación institucional. Según el viceministro del Interior, Jaime Berdugo Pérez, se realizaron cerca de 150 mesas técnicas entre diferentes entidades del Gobierno. Además, el texto fue sometido a consulta previa con comunidades indígenas y a espacios de diálogo con organizaciones sindicales y académicas, de los cuales surgieron más de 3.000 observaciones que fueron evaluadas durante la elaboración del articulado.
Pese a ese proceso de concertación, algunos sectores han cuestionado el tiempo que tomó la presentación de la iniciativa. Entre ellos, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo señaló que el margen para su discusión legislativa será reducido, teniendo en cuenta que el proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso antes de finalizar el año.
