El representante a la Cámara por las comunidades afro, Óscar Benavides, respondió a las críticas surgidas por la campaña de recolección de donaciones que promovió para apoyar a las familias afectadas por el reciente terremoto en Colombia. El congresista aseguró que la iniciativa ya ha superado los 300 millones de pesos en aportes y negó que se trate de una colecta personal.
Los cuestionamientos fueron planteados, entre otros, por el exfiscal general Francisco Barbosa, quien advirtió sobre la necesidad de garantizar controles y transparencia en la recepción de recursos provenientes del público. Barbosa señaló que una campaña de este tipo debía contar con mecanismos claros de administración y rendición de cuentas.
Ante estas críticas, Benavides afirmó que quienes cuestionan la iniciativa “se quedarán con las ganas” y defendió la legalidad de la campaña. Según explicó, los recursos no están siendo administrados directamente por él, sino por una fundación encargada de recibir, registrar y gestionar las donaciones.
“Las donaciones que los colombianos y personas en el exterior nos han confiado no son una colecta personal. Todo lo está gestionando una fundación, todo se está registrando y todo se mostrará públicamente”, señaló el representante en sus redes sociales.
El congresista aseguró además que acompañará personalmente la entrega de las ayudas para verificar que los recursos y los elementos recolectados lleguen a las comunidades damnificadas por el sismo.
Benavides también cuestionó a quienes han puesto en duda sus motivaciones y sostuvo que la campaña tiene como único propósito apoyar a las familias afectadas por la emergencia, especialmente en departamentos como Chocó, donde continúan las labores de asistencia humanitaria.
Mientras continúan las donaciones, el representante informó que voluntarios y organizaciones sociales siguen empacando alimentos, elementos de primera necesidad y otros insumos que serán enviados a las zonas afectadas. El congresista reiteró que la fundación responsable de la campaña presentará públicamente el registro de los aportes y la destinación de las ayudas, con el fin de garantizar transparencia frente a los donantes y a la ciudadanía.


