Por: La controversia alrededor del contrato para reconstruir la torre central del histórico hospital San Juan de Dios podría terminar en una millonaria reclamación contra el Estado si las actuaciones posteriores afectan la oferta que ya había sido aceptada.
La reconstrucción de la torre central del Hospital San Juan de Dios, uno de los proyectos emblemáticos asociados al gobierno de Gustavo Petro, quedó en medio de una disputa contractual que podría terminar costándole a la Nación más de $50.000 millones.
El proyecto, cuyo proceso contractual supera los $292.000 millones, contempla el reforzamiento estructural, la modificación arquitectónica y la ampliación necesarias para rehabilitar el edificio central del histórico complejo hospitalario. El Consorcio San Charbel fue el proponente cuya oferta terminó siendo aceptada por la entidad y por la fiduciaria Davibank, generando una situación jurídica que ahora podría derivar en reclamaciones económicas si el proceso se frena.
De acuerdo con los documentos revisados, esa aceptación ocurrió antes de las observaciones formuladas posteriormente por la Procuraduría y de las denuncias que cuestionaron al consorcio ganador. Por ello, el eventual desconocimiento de esa decisión podría generar reclamaciones contra la Nación. El documento estima inicialmente una posible reclamación cercana a los $40.000 millones, mientras que los afectados han planteado escenarios de reclamaciones que podrían alcanzar los US$10 millones por cada actor.
¿Por qué la Procuraduría intervino en el proceso?
La controversia surgió después de que aparecieran cuestionamientos sobre la documentación presentada por algunos participantes de la licitación, particularmente alrededor de la experiencia técnica acreditada para cumplir los requisitos del proceso.
Uno de los casos que genera interrogantes corresponde a DISICO S.A., empresa que lideraba con el 65 % la Unión Temporal San Juan de Dios 2026 y que también participó en el segundo proceso de contratación. Sin embargo, su propuesta fue finalmente rechazada por razones técnicas.
Entre los documentos cuestionados aparecen dos versiones de una certificación correspondiente al mismo contrato, con la misma fecha y atribuida a la misma entidad pública, pero con actividades técnicas diferentes. Una de ellas incorporaba referencias a ajuste de diseños, licencia de construcción, bienes de interés cultural y actualización a NSR-10, elementos que tenían relevancia dentro de los requisitos de la convocatoria.
La diferencia documental requiere establecer cuál fue la certificación oficialmente expedida, cuál es el soporte de las actividades adicionales y quién aportó cada versión al proceso. Hasta ahora, esos interrogantes no permiten concluir por sí mismos que exista una falsedad, pero sí justifican una verificación integral del expediente.
Las denuncias contra el ganador también están bajo cuestionamiento
Otro elemento que adquiere relevancia son las comunicaciones que aparecieron después del rechazo de la Unión Temporal San Juan de Dios 2026.
Los documentos revisados muestran comunicaciones de personas relacionadas con empresas que habían participado en el proceso y que intervinieron en la elaboración o circulación de cuestionamientos contra GEO Construcciones. En uno de los casos, incluso aparecen mensajes en los que se ofrecía enviar una denuncia y se suministraban los correos de la fiduciaria Davibank.
Posteriormente, el 12 de agosto, Andrey Montes remitió a la entidad una rectificación sobre GEO Construcciones. Según los soportes revisados, 67 minutos después, Nelson Ríos, quien se identificó como integrante de DISICO S.A., contactó a Montes. Horas después también envió mensajes al representante legal de San Charbel con expresiones de presión y referencias a una disputa económica de $750 millones.
Los documentos, sin embargo, no demuestran que funcionarios públicos hayan filtrado información ni que San Charbel fuera destinatario de un supuesto cobro. Lo que sí dejan planteado es una pregunta sobre cómo información que todavía no era pública llegó rápidamente a un competidor y qué relación tuvieron esas comunicaciones con las acciones posteriores dentro del proceso.
Además, Montes posteriormente presentó una declaración extrajuicio en la que aseguró que sí pertenecía a GEO Construcciones, que conocía su participación en la convocatoria y que había autorizado el uso de su experiencia profesional. Para respaldarlo aportó, entre otros documentos, actas, RUP y el reporte de beneficiarios finales de la DIAN.
Una pregunta sobre el papel del procurador Gregorio
En este escenario surge una pregunta política y jurídica de fondo: ¿por qué la Procuraduría insiste en intervenir en un proceso que ya había producido una aceptación de oferta y que resulta fundamental para la reconstrucción del San Juan de Dios?
La discusión no se limita a determinar quién debía quedarse con un contrato de más de $292.000 millones. También obliga a establecer si las actuaciones posteriores cuentan con suficiente sustento jurídico, técnico y probatorio antes de afectar una decisión que ya había generado derechos para el proponente seleccionado.
La pregunta adquiere mayor peso porque cualquier decisión que termine afectando la continuidad del proceso podría trasladar al Estado las consecuencias económicas de una disputa entre particulares.
Si una actuación irregular termina provocando una condena contra la Nación, las consecuencias podrían no quedarse en una indemnización. También podrían abrirse investigaciones disciplinarias, fiscales o penales sobre quienes participaron en la evaluación y en las decisiones posteriores. Y si eventualmente se demostrara que intereses privados promovieron acciones para desacreditar al ganador e incidir sobre un proceso ya definido, el caso podría adquirir una dimensión todavía mayor.
La Nación podría terminar pagando la factura
Los afectados sostienen que están dispuestos a acudir a la jurisdicción para reclamarle al Estado si las decisiones posteriores terminan desconociendo la aceptación de la oferta de San Charbel. De concretarse ese escenario, la reclamación podría superar los $50.000 millones, dependiendo de los perjuicios que finalmente sean acreditados.
El antecedente documentado establece, por ahora, una posible reclamación cercana a $40.000 millones derivada de la no continuidad del proceso, mientras que los cálculos planteados por los afectados contemplan montos adicionales que podrían elevar sustancialmente la eventual factura para el Estado.
