Por: El brigadier general Federico Mejía deberá comparecer este miércoles 2 de septiembre ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para enfrentar una audiencia de imputación de cargos relacionada con un operativo ocurrido en enero de 2024 en El Plateado, Cauca. La Fiscalía sostiene que el oficial habría ordenado la liberación de un hombre capturado con varios kilos de pasta base de cocaína y su posterior traslado en un helicóptero del Ejército.
La diligencia está programada para las 9:00 de la mañana y estará a cargo de la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que presentará los elementos materiales de prueba recopilados durante la investigación.
El proceso permanece bajo conocimiento de la Corte Suprema debido al fuero constitucional del general, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como comandante del Comando Específico Conjunto del Cauca (Cecau).
De acuerdo con la investigación, el capturado tenía en su poder aproximadamente 4,5 kilos de pasta base de cocaína. Sin embargo, pese a la detención, se habría impartido la orden de devolverlo y trasladarlo nuevamente en una aeronave militar.
Según los elementos que serán expuestos por el ente acusador, la instrucción habría involucrado a 36 integrantes del Ejército, entre ellos tres oficiales: un coronel, un teniente coronel y un mayor. La Fiscalía busca determinar las circunstancias en las que se tomó la decisión, quiénes participaron en ella y si las actuaciones posteriores tuvieron como propósito favorecer indebidamente al detenido.
Los delitos que le imputará la Fiscalía
Durante la audiencia, el ente investigador imputará al general Federico Mejía cuatro delitos: prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
La imputación no implica una condena ni determina de manera anticipada la responsabilidad penal del oficial. Será la Fiscalía la encargada de exponer su teoría del caso y los elementos que, a su juicio, permiten atribuirle los hechos investigados, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de controvertirlos dentro del proceso.
Uno de los aspectos centrales de la investigación será establecer qué motivó la decisión de liberar al capturado y devolverle los elementos que habían sido incautados durante el procedimiento.
La audiencia fue programada para que Mejía comparezca acompañado de su abogado, en un proceso que podría generar nuevas actuaciones judiciales dependiendo de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
La explicación de Mejía: evitar una posible asonada
Uno de los documentos que aparece como elemento relevante dentro de la investigación fue elaborado y firmado por el propio general Federico Mejía después de los hechos.
En ese documento, que fue conocido públicamente, el oficial explicó que la decisión de liberar al detenido obedeció al riesgo de una alteración del orden público en la zona. Según su versión, existía la posibilidad de que la comunidad protagonizara una asonada contra los militares que participaban en el procedimiento.
La justificación fue presentada ante el entonces comandante del Ejército Nacional, general Emilio Cardozo.
En el documento, Mejía defendió la actuación de sus subordinados y sostuvo que la decisión debía entenderse como una respuesta frente a las circunstancias de seguridad que se estaban presentando en el territorio.
La Fiscalía, sin embargo, busca establecer si esa amenaza efectivamente existía, cuál era su magnitud y si la decisión adoptada por los militares fue proporcional frente a la situación.
Ese punto podría convertirse en uno de los principales elementos de controversia durante la audiencia de imputación, debido a que determinar la existencia de una amenaza concreta y la necesidad de liberar al detenido resulta relevante para establecer si la actuación estuvo ajustada a la ley.
La información estuvo bajo reserva durante la investigación
Otro episodio relacionado con el caso tuvo que ver con el manejo de la información sobre la operación militar.
Mientras avanzaba la investigación, parte de la documentación fue mantenida bajo la clasificación de información reservada. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Cauca rechazó los argumentos utilizados para mantenerla bajo reserva y ordenó que la información fuera divulgada.
En su decisión, el tribunal consideró que el Ejército no había demostrado la existencia de un daño presente, probable y específico que justificara restringir el acceso a los documentos.
La decisión permitió que elementos relacionados con la actuación militar fueran conocidos públicamente y posteriormente incorporados al debate alrededor de la investigación contra el oficial.
La documentación adquiere ahora especial relevancia, debido a que algunos de esos registros podrían formar parte de los elementos que la Fiscalía presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá durante la imputación.
Mejía fue trasladado a un cargo administrativo
La audiencia judicial ocurrirá pocos días después de que el Ejército Nacional confirmara un cambio en la situación administrativa del general.
El 31 de agosto de 2026, la institución informó que Federico Mejía dejaría sus funciones anteriores para asumir un cargo en el Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares.
El Ejército explicó que el oficial ocupará una posición de carácter administrativo y que no tendrá responsabilidades directas de comando o dirección.
Según la institución, la decisión busca garantizar la continuidad del servicio y preservar la integridad de la estructura de mando mientras avanzan las actuaciones de las autoridades judiciales.
El traslado se produjo apenas un día antes de la audiencia de imputación, en la que la Fiscalía expondrá formalmente los cargos que pretende atribuirle al general.
El general niega irregularidades
Frente a los señalamientos, Mejía ha defendido la legalidad de las actuaciones realizadas durante el operativo y ha rechazado que hubiera existido algún intento de encubrimiento.
En declaraciones citadas por El Tiempo, el oficial aseguró que las decisiones fueron adoptadas con el propósito de proteger la vida de los militares y civiles involucrados en la situación.
Además, sostuvo que la actuación fue informada oportunamente a la Fiscalía y negó que hubiera existido ocultamiento de información.
La versión del general será confrontada ahora con los elementos recopilados por el ente investigador, que deberá explicar ante el Tribunal Superior de Bogotá las razones por las cuales considera que existen fundamentos para formular la imputación.
La investigación también busca establecer el nivel de conocimiento que tuvieron otros altos mandos militares sobre lo sucedido. Dentro de las personas mencionadas en las pesquisas aparecen el entonces comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo; Mauricio Ospina y el general Emilio Cardozo.
La audiencia del 2 de septiembre será, por tanto, un nuevo punto de inflexión en un caso que involucra decisiones adoptadas durante operaciones militares contra estructuras vinculadas al narcotráfico en una de las zonas más complejas del Cauca.
El proceso deberá determinar si la liberación del capturado estuvo realmente sustentada en razones de seguridad y protección de la vida, como sostiene el general, o si, como plantea la Fiscalía, la decisión constituyó una actuación irregular destinada a favorecer al detenido.
Por ahora, la responsabilidad penal de Federico Mejía no está definida y será la justicia la encargada de establecer, a partir de las pruebas y de los argumentos de las partes, si las conductas investigadas configuran los delitos que pretende imputar la Fiscalía.
