Por: El Gobierno de Abelardo de la Espriella estableció nuevas disposiciones para los concursos de mérito y procesos de selección de empleos públicos que se encuentran actualmente en desarrollo en Colombia.
A través del Decreto 1384 de 2026, el Ejecutivo habilitó el aplazamiento temporal de estos procesos hasta el 31 de diciembre de 2026, con el propósito de proteger las condiciones de participación de las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.
La medida tiene alcance nacional y podría afectar convocatorias que concentran miles de vacantes en diferentes entidades estatales. Entre ellas se encuentran el concurso docente, con más de 28.000 vacantes, además de procesos de selección para Corporaciones Autónomas Regionales y Entidades del Orden Nacional, que reúnen más de 1.000 y 1.600 puestos, respectivamente.
Sin embargo, la decisión no significa que todos los concursos queden automáticamente suspendidos. La norma establece que cada proceso deberá ser evaluado y que las entidades competentes determinarán si resulta necesario aplazarlo, suspender alguna de sus etapas o mantenerlo en ejecución.
En el caso de los concursos bajo responsabilidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), será esta entidad la encargada de analizar las condiciones particulares de cada convocatoria.
¿Qué establece el Decreto 1384?
Una de las principales disposiciones se encuentra en el artículo 7 del decreto, que ordena el aplazamiento de procesos de selección cuando su desarrollo pueda afectar las condiciones de participación de los aspirantes que se encuentren en territorios afectados por la emergencia.
La medida busca, según el Gobierno, preservar los principios de igualdad material, igualdad de oportunidades y acceso al empleo público con fundamento en el mérito.
El decreto contempla que los procesos de selección puedan aplazarse hasta el 31 de diciembre de 2026 en todo el territorio nacional cuando las circunstancias derivadas de la emergencia puedan comprometer los derechos de los participantes.
Esto incluye pruebas escritas y otras etapas cuya realización pueda poner en riesgo la participación de personas que residan en las zonas afectadas.
La CNSC, por tanto, podrá modificar el cronograma de una convocatoria cuando determine que continuar con determinada etapa puede generar una afectación a los derechos de los aspirantes.
La norma también establece que la suspensión no opera de manera automática para todas las convocatorias.
El responsable de cada entidad podrá autorizar la continuidad de una etapa si considera, mediante la correspondiente justificación, que esta no afecta los derechos ni las condiciones de igualdad de las personas domiciliadas, residentes o directamente afectadas por la emergencia.
Los concursos no tendrán que empezar de cero
Uno de los puntos de mayor interés para quienes participan actualmente en procesos de selección es qué ocurrirá con las etapas que ya fueron desarrolladas.
El Decreto 1384 establece que las actuaciones realizadas válidamente antes de su entrada en vigencia conservarán sus efectos.
Además, los procesos que sean aplazados no tendrán que reiniciarse.
La disposición establece que las convocatorias deberán reanudar su trámite a partir del 1 de enero de 2027, en la etapa en la que se encontraban y por el tiempo que reste.
Esto significa que un aspirante que ya haya superado una determinada fase no perderá ese avance como consecuencia del aplazamiento. La convocatoria continuará posteriormente desde el punto en el que fue suspendida.
La medida también contempla situaciones relacionadas con las vacantes para las cuales se requiera conformar ternas destinadas a la elección de directores o gerentes regionales o seccionales de establecimientos públicos de la Rama Ejecutiva nacional.
En caso de que se produzca una vacancia absoluta en un departamento cobijado por la emergencia, el director nacional de la entidad podrá remitir una terna al gobernador correspondiente.
Si la designación no puede concretarse bajo las condiciones previstas, la vacante podrá ser cubierta mediante encargo.
Por otra parte, las entidades que administren directamente sus procesos de selección podrán suspenderlos mediante un acto administrativo debidamente motivado.
Dos procesos de la CNSC mantienen su cronograma
Aunque el decreto abrió la posibilidad de aplazar diferentes concursos, la CNSC ya determinó que algunos procesos continuarán bajo el cronograma establecido.
Entre ellos se encuentra el proceso de Entidades del Orden Nacional y Copomojana, que continuará en la fase de aplicación de pruebas escritas.
La jornada permanece programada para el 13 de septiembre de 2026.
La Comisión informó que previamente había evaluado las condiciones de las ciudades en las que se desarrollarán los exámenes y verificó que los sitios previstos ofrecieran las garantías necesarias para que los aspirantes pudieran participar en igualdad de condiciones.
En Santiago de Cali, la CNSC ya había tomado la decisión de reprogramar la prueba aproximadamente un mes antes de la expedición del decreto, después de evaluar las condiciones necesarias para desarrollar la jornada en esa ciudad.
Otro proceso que continúa es el concurso de Entidades del Orden Territorial y de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), que reúne más de 1.400 vacantes.
En este caso, la convocatoria avanza actualmente en la etapa de verificación de requisitos mínimos. Los resultados de los aspirantes que podrán continuar hacia las pruebas están previstos para ser publicados en enero de 2027.
Otros concursos siguen pendientes de decisión
La CNSC todavía deberá determinar qué ocurrirá con otros procesos de selección que se encuentran en diferentes etapas.
Entre ellos aparece la convocatoria Dian 2676, que tenía previstas sus pruebas escritas para finales de 2026.
También está el concurso docente, uno de los procesos de mayor magnitud, que contempla más de 28.000 vacantes y tenía programado su periodo de inscripciones entre noviembre y diciembre de este año.
La situación de cada convocatoria dependerá de la evaluación que realice la entidad responsable, teniendo en cuenta las condiciones de los territorios afectados y el posible impacto sobre los derechos de los participantes.
El Gobierno justifica la medida por la emergencia
El aplazamiento hace parte de las medidas adoptadas por el Gobierno después del terremoto del 10 de agosto, bajo el argumento de que la emergencia exige concentrar recursos y capacidades institucionales en las regiones afectadas.
El Ejecutivo sostiene que la prioridad es garantizar la atención de la población damnificada, mantener la prestación de los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructura y asegurar la continuidad educativa de niños y jóvenes.
El presidente Abelardo de la Espriella defendió las medidas adoptadas y señaló que buscan facilitar la respuesta institucional frente a la emergencia.
“Son medidas concretas para movilizar recursos, darles capacidad financiera a las regiones, garantizar la prestación de los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructura y asegurar que nuestros niños y jóvenes puedan continuar estudiando”, afirmó el mandatario.
En este contexto, el Gobierno plantea que aplazar determinados concursos no busca eliminar ni modificar el principio del mérito, sino evitar que una situación extraordinaria termine afectando las condiciones de participación de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.
La CNSC deberá continuar evaluando cada convocatoria para determinar cuáles procesos pueden avanzar y cuáles requieren modificaciones temporales en su cronograma.
Por ahora, la regla general para los concursos que sean efectivamente aplazados es clara: podrán permanecer suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2026 y deberán retomarse desde el 1 de enero de 2027 en la etapa en la que se encontraban.
Para miles de aspirantes, la decisión significa que el avance de los procesos dependerá durante las próximas semanas de las determinaciones que adopte la CNSC y de las condiciones particulares de cada convocatoria.
