Por: El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 superó los límites legales de financiación en más de 3.500 millones de pesos, una decisión adoptada en Sala Plena y que derivó en sanciones administrativas contra varios de los responsables del manejo financiero del Pacto Histórico. El presidente, sin embargo, no fue sancionado, en cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La decisión, tomada en Cartagena, se produjo luego de que la Sala Plena no lograra una mayoría inicial entre los magistrados, lo que obligó a acudir a conjueces. Con seis votos a favor y tres en contra, el alto tribunal sancionó a los responsables de la campaña de primera y segunda vuelta del Pacto Histórico por “vulneración al régimen de financiación electoral”, específicamente por superar los topes y recibir aportes que, según el CNE, fueron reportados de manera irregular o no fueron reportados como gastos electorales.
Entre los sancionados se encuentran Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol; la tesorera Lucy Aydée Mogollón; y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. Además, se impusieron sanciones a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), colectividades que integran el Pacto Histórico.
La decisión estuvo respaldada por una ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). El voto definitivo lo aportó el conjuez Majer Abushihab, designado por sorteo junto a Jorge Iván Acuña tras la falta de consenso inicial. Con su intervención, el fallo alcanzó los seis votos necesarios para avalar la sanción.
Aportes no reportados y gastos no registrados
Según el auto del CCE, los responsables de la campaña omitieron reportar ingresos utilizados como gastos electorales. Entre ellos se destacan 500 millones de pesos aportados por la Unión Sindical Obrera (USO), así como otros 500 millones provenientes de Fecode. En este último caso, los recursos ingresaron a la colectividad Colombia Humana, pero no fueron registrados de manera adecuada en la contabilidad electoral.
La resolución también señala presuntas irregularidades relacionadas con fuentes de financiación y la obligación de los responsables de reportar todos los aportes y egresos, conforme lo establece la ley electoral.
Caso remitido a la Fiscalía
El fallo va más allá de la sanción administrativa. En el caso de Ricardo Roa, el CNE compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue presuntos delitos relacionados con financiación prohibida, violación de topes, fraude procesal y otros posibles comportamientos tipificados en la ley penal.
“El Consejo Nacional Electoral ordena poner en conocimiento de la Fiscalía las conductas en las que pudo haber incurrido el entonces gerente de campaña”, precisa el documento.
Petro no puede ser investigado por el CNE
El presidente Gustavo Petro no fue sancionado ni investigado por el CNE. La decisión acata la posición de la Corte Constitucional, que estableció que un presidente en ejercicio solo puede ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, incluso por hechos ocurridos durante su candidatura.
“Debe ponerse de presente que la decisión no impone sanciones al entonces candidato Gustavo Petro Urrego”, aclara el auto, subrayando que el CNE tiene prohibido evaluar su conducta en este caso.
Con esta decisión, el CNE cierra uno de los procesos más sensibles relacionados con la campaña presidencial de 2022, mientras la Fiscalía deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación penal contra Roa. En paralelo, los partidos del Pacto Histórico deberán asumir las sanciones administrativas y responder por las irregularidades detectadas en los reportes financieros.
