Un proyecto que une academia, comunidades y gobierno para fortalecer liderazgos y empoderar a las regiones más vulnerables.
La Contraloría General de la República dio un paso clave en la construcción de un control fiscal participativo e inclusivo al anunciar la creación del Observatorio de Control Fiscal Participativo. Este nuevo mecanismo tiene como objetivo identificar barreras de acceso a la información y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos.
El anuncio se dio en el marco del Macroencuentro Bogotá: “Ciudadanías en el ejercicio del control fiscal participativo”, que reunió a más de 100 líderes de regiones afectadas históricamente por el conflicto armado y el aislamiento, como el Catatumbo, Urabá-Chocó-Darién y el Pacífico sur. En este espacio, los asistentes intercambiaron saberes y reflexionaron sobre cómo el control fiscal puede transformar sus comunidades.
Una alianza para transformar territorios
El evento, liderado por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, destacó el papel transformador del liderazgo colectivo. Además, el vicecontralor subrayó los logros de la Contraloría, que junto con las comunidades ha recuperado más de $3 billones en obras públicas abandonadas.
Por su parte, Dolly Montoya, docente y exrectora de la Universidad Nacional, enfatizó que el éxito de iniciativas como esta radica en la articulación de esfuerzos entre comunidades, academia y gobierno. “El liderazgo colectivo permite que las comunidades visionen su futuro y lo administren, independientemente de los gobiernos de turno”, afirmó Montoya.
Líderes como Fernando Jaramillo, de Chigorodó, y Oneida Pertuz, lideresa indígena, también compartieron sus experiencias en el encuentro. Para Pertuz, estos espacios son esenciales para inspirar a los jóvenes a buscar en la educación un camino diferente y transformador: “Vivimos realidades duras, pero estos encuentros nos dan herramientas para soñar con algo mejor y trabajar por ello”.
El Observatorio de Control Fiscal Participativo se perfila como una herramienta esencial para promover el bienestar en las regiones más vulnerables del país, cerrando brechas, fortaleciendo liderazgos y garantizando que la transparencia sea un pilar en la construcción de un futuro más equitativo.
