La decisión abre un nuevo capítulo jurídico en torno a las reformas sociales del Gobierno, que ahora podrían tener que discutirse en el Congreso en pleno.
La consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro para destrabar sus reformas sociales podría tener un nuevo obstáculo legal. El Consejo de Estado admitió este 16 de abril una acción de tutela que busca detener el mecanismo convocado por el Ejecutivo, alegando que el debate de las reformas debe darse en el Congreso en pleno y no en comisiones legislativas.
¿Qué pasó con la tutela?
La tutela fue interpuesta por el ciudadano Breyner Aaron, quien argumenta que se vulneraron sus derechos fundamentales a la participación política, la soberanía popular y el voto. El recurso judicial va en contra del presidente de la República y de la Comisión Séptima del Senado, instancia que ha sido un muro para las reformas del Gobierno, archivando ya la reforma laboral y estancando la de salud.
El argumento central del demandante es que decisiones de alto impacto nacional, como estas reformas, no pueden quedar en manos de apenas ocho senadores, mientras se excluye al resto del Congreso. Según su interpretación, esto atenta contra el principio democrático.
Además, advirtió que la convocatoria a consulta popular, anunciada por Petro en redes sociales, podría costar más de 500.000 millones de pesos, sin garantía de participación efectiva. Para sustentar su crítica, recordó el caso de la consulta anticorrupción de 2018, que no alcanzó el umbral requerido pese a su alto costo.
¿Qué podría pasar ahora?
La tutela plantea una revisión de fondo al artículo 2 de la Ley 754 de 2002, el cual, según el accionante, limita la discusión de temas cruciales a un pequeño grupo de legisladores. Su solicitud es clara: que todas las reformas estructurales sean discutidas en plenarias unificadas de Senado y Cámara, como se hace con la elección de magistrados o jefes de órganos de control.
El Consejo de Estado, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, admitió la tutela y ordenó notificar al presidente Gustavo Petro y a la senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima. Ambos deberán responder en el marco del proceso judicial, que podría alterar el rumbo del Gobierno en la recta final de su mandato.
