Por: El alto tribunal advirtió que la medida del Gobierno Petro vulneraba principios de igualdad, libre competencia y selección objetiva en la contratación pública.
El Consejo de Estado dejó en suspenso la directriz presidencial que obligaba a destinar una tercera parte de la pauta oficial a medios alternativos y comunitarios. La corporación consideró que la medida afectaba la transparencia en la contratación pública y contradecía principios establecidos en la ley anticorrupción.
La decisión se dio en respuesta a una demanda contra la Directriz 11 de Presidencia, que buscaba garantizar participación presupuestal a emisoras comunitarias, medios digitales y proyectos de comunicación ciudadana. Sin embargo, el fallo concluyó que instruir la contratación con un grupo específico de beneficiarios desconocía el deber de selección objetiva y restringía la libre competencia.
De acuerdo con lo establecido por el alto tribunal, la contratación estatal debe privilegiar criterios de mérito y conveniencia para el interés general, y no reservar cuotas de asignación que podrían generar privilegios indebidos.
La Fundación para el Estado de Derecho, que ha advertido sobre la situación, sostuvo que la norma abrió espacio para prácticas cuestionables, entre ellas el uso de recursos de pauta en encuentros con influenciadores afines al Gobierno, en vez de fortalecer de manera estructural a los medios comunitarios.
“Lo que imponía la directriz era contratar obligatoriamente con un grupo de destinatarios, lo cual restringía la posibilidad de escoger una propuesta realmente favorable para el interés general”, señaló Andrés Caro, director de la Fundación, en diálogo con Caracol Radio.
Aunque los demandantes reconocen la importancia de fortalecer tanto a los medios comunitarios como a los alternativos —incluidos influenciadores—, insisten en que ese objetivo no puede lograrse vulnerando los principios básicos que rigen la contratación pública en Colombia.
