El presidente Gustavo Petro acusa a Efraín Cepeda de desacatar la justicia y violar el Estado de derecho. Desde el Congreso alegan que la apelación ya fue respondida.
Una tutela que ordena al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, responder la apelación de la senadora María José Pizarro sobre la consulta popular hundida en el Senado, encendió una nueva chispa en el ya polarizado escenario político nacional.
El fallo, emitido por el Juzgado Sexto Civil de Bogotá, ampara el derecho al debido proceso de la congresista del Pacto Histórico y le da al Congreso 48 horas para responder oficialmente a su solicitud, relacionada con la votación del pasado 14 de mayo donde la iniciativa fue derrotada por 49 votos contra 47.
Cepeda respondió al juez con una carta en la que asegura que ya se había pronunciado sobre el recurso desde el 21 de mayo. Como prueba, anexó un correo enviado a la senadora. “Se considera hecho superado”, declaró el presidente del Senado, acusando al Gobierno de armar una tormenta innecesaria.
Pero el Ejecutivo no quedó conforme. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que Cepeda no tiene la competencia para resolver una apelación con una simple carta: “Solo la plenaria puede decidir sobre ese recurso. Aquí el que hizo la trampa no puede ser quien determine si hubo trampa o no”.
Petro lanza dardos
Desde su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Petro acusó directamente a Cepeda de romper el Estado social de derecho y desacatar una orden judicial: “Hubo una violación flagrante al debido proceso parlamentario”, dijo. Añadió que identificó al menos seis irregularidades durante la votación, que sustentan el borrador del decreto con el que ahora busca convocar la consulta vía presidencial.
En un evento de la Armada Nacional, Petro fue aún más enfático: “Un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación en 48 horas”.
No obstante, el fallo no menciona explícitamente la palabra “fraude” ni exige que se repita la votación. Simplemente ordena que la apelación de Pizarro sea debidamente respondida, aunque la interpretación desde el Gobierno y sus aliados es que esto podría reabrir el debate.
¿Vuelta a la votación?
La senadora Pizarro, autora del recurso, sostuvo en su cuenta de X que “el debate de la consulta popular se tiene que reabrir” y acusó a Cepeda de violar la Constitución. Según ella, el fallo obliga a retomar la discusión en el Senado.
Benedetti también sugirió que, al cumplirse un mes desde la radicación del decreto (1 de mayo) y sin pronunciamiento válido del Senado, el Ejecutivo podría proceder con la convocatoria a las urnas por decreto.
Trascendió que, tras la decisión judicial, la Casa de Nariño contactó a todos los ministros para que firmen cuanto antes el decreto de convocatoria de la consulta, desatando nuevas tensiones con los poderes Legislativo y Judicial.
