Por: El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional en la región Caribe priorizar la persecución de la compra de votos, luego de que una investigación periodística revelara presuntos hechos de corrupción que comprometerían al senador conservador Efraín Cepeda.
La instrucción presidencial se conoció tras la publicación de la revista RAYA, que dio a conocer chats y testimonios en los que se menciona al congresista en un supuesto cobro de $300 millones, equivalente al 10 % de un contrato público para la ampliación de la cárcel El Bosque, en Barranquilla.
De acuerdo con la investigación, el contrato —por cerca de $3.000 millones y adjudicado bajo la figura de urgencia manifiesta debido al hacinamiento carcelario— habría sido parte de un esquema más amplio de presuntos cobros irregulares en la contratación de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla.
A través de sus redes sociales, el presidente Petro aseguró que “toda la Policía del Caribe tiene la orden presidencial de priorizar la persecución de los compradores de votos” y llamó a la ciudadanía de la región a rechazar estas prácticas, que, según dijo, terminan fortaleciendo estructuras criminales.
El mandatario sostuvo que la compra de votos no es un fenómeno aislado, sino una práctica asociada históricamente a redes mafiosas que han capturado el poder político en la región. “Permitir la compra de votos es empoderar políticamente el crimen”, advirtió.
En su pronunciamiento, Petro vinculó este tipo de prácticas con el rezago social y económico del Caribe y afirmó que una elección libre de corrupción permitiría un desarrollo más equitativo para la región.
Los señalamientos
Según los documentos revelados por RAYA, mensajes atribuidos a Clemente Fajardo, entonces secretario de Gobierno de Barranquilla, darían cuenta de presiones al contratista para cumplir con los pagos acordados. En uno de los chats divulgados se lee: “Fincho no entiende y está mareado… Te pido ‘por fa’ que le empieces a cumplir”.
La investigación plantea que estos hechos no corresponderían a un caso aislado, sino a un presunto patrón de cobro del 10 % sobre contratos públicos, lo que configuraría un esquema sistemático de corrupción en la administración distrital.
Hasta el momento, el senador Efraín Cepeda no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos. Las denuncias ya hacen parte del debate público y podrían derivar en investigaciones judiciales y disciplinarias.
Puedes leer la investigación de la Revista Raya completa aquí
