Por: La discusión sobre la Reforma Pensional sumó un nuevo capítulo tras el concepto enviado por la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que solicitó agilizar la revisión de la norma sin condicionar el trámite a la entrega de todas las actas legislativas.
El procurador general, Gregorio Elijach, señaló que la incertidumbre prolongada afecta a millones de colombianos, especialmente a quienes dependen de una pensión para su sustento. Según advirtió, si bien las actas contribuyen a la transparencia, no deberían convertirse en un obstáculo para que la Corte decida de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.
La reforma, aprobada en junio de 2024 y que debía entrar en vigor en julio del mismo año, fue devuelta por la Corte tras identificar vicios en el cuarto debate legislativo. El Congreso subsanó el trámite, pero el alto tribunal solicitó las actas de las sesiones extraordinarias de finales de junio para verificar la corrección.
En respuesta, el presidente de la Cámara, Julián López, anunció este 19 de septiembre que los documentos ya fueron remitidos, aunque una de las actas —la del 26 de junio— no fue aprobada por falta de cuórum, lo que mantiene dudas jurídicas. La Corte deberá ahora revisar si con la información enviada se cumplen los requisitos para validar la reforma, mientras persiste la presión política y social por un fallo definitivo.
