Por: El presidente solicitó a la Fiscalía abrir una investigación formal por un video que contiene insultos y supuestos datos personales de la jueza Sandra Heredia, quien condenó al expresidente por fraude procesal y soborno.
El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas contra la jueza Sandra Heredia, quien condenó a Álvaro Uribe. En redes sociales circula un video con insultos y lo que sería la ubicación de familiares de la togada.
En un pronunciamiento desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro solicitó este viernes a la Fiscalía iniciar una investigación penal por las amenazas dirigidas contra la jueza Sandra Liliana Heredia, responsable de la histórica condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La solicitud fue motivada por la difusión de un video en redes sociales, donde un hombre lanza insultos graves contra la magistrada, la tilda de “jueza corrupta” y señala a su familia como “asesinos de izquierda comunista”, mientras muestra lo que sería un mapa con la supuesta ubicación de sus allegados. “Le solicito a la Fiscalía iniciar investigación sobre este asesino”, escribió Petro al compartir el video en su cuenta.
El mandatario también alertó sobre una supuesta amenaza velada por parte de Nicolás Jurado Monsalve —a quien calificó de “falso testigo”— y aseguró que el Gobierno ha tomado medidas de protección para la jueza Heredia y su núcleo familiar.
El video ha encendido las alarmas en diferentes sectores del país, particularmente en el ámbito judicial, pues ocurre en la antesala de una decisión que marca un hito: la sentencia condenatoria contra Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente colombiano hallado culpable por la justicia penal ordinaria.
Organismos del Gobierno, como la Unidad Nacional de Protección, ya habrían activado protocolos de seguridad adicionales para garantizar la integridad de la jueza.
Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras sectores afines al uribismo cuestionan el fallo y critican a la jueza, otros actores políticos y sociales exigen garantías para que las decisiones judiciales se tomen sin presiones ni intimidaciones.
La audiencia de este viernes no solo cerrará un capítulo judicial emblemático, sino que también pondrá a prueba la solidez institucional del país frente a quienes intentan socavar la independencia de los jueces a través del miedo.
