El director de Energía del Ministerio de Minas y Energía, Víctor Paternina, garantizó que el país no enfrentará un apagón, pese a las millonarias deudas en subsidios de energía. Contraloría y Procuraduría ya investigan el caso.
En medio del creciente temor por un posible “apagón financiero” en el sector eléctrico, el Gobierno Nacional salió al paso para desmentir una crisis inminente. Víctor Paternina, director de Energía del Ministerio de Minas y Energía, afirmó este lunes que el servicio está garantizado y que las deudas del Estado con las empresas prestadoras se pagarán “en el corto plazo”.
El pronunciamiento se da días después de que Camilo Sánchez, presidente de Andesco, advirtiera que las compañías generadoras y distribuidoras de energía, especialmente en la región Caribe, enfrentan un panorama financiero insostenible.
La alarma se origina en parte por la opción tarifaria, un mecanismo creado en pandemia que permitió a los hogares diferir el pago de sus facturas. Sin embargo, muchos de esos pagos aún están pendientes y gran parte de la deuda fue asumida por el Estado como subsidio.
Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 el Gobierno adeuda $2,7 billones en subsidios de energía y $3,3 billones por concepto de opción tarifaria. Asocodis estima que el monto podría alcanzar los $7,6 billones si se suman todos los saldos acumulados.
Gobierno se compromete a pagar, mientras los entes de control vigilan
Paternina aseguró que el presidente Gustavo Petro ya impartió la orden para que se gestionen los pagos y que se han instalado mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda para conciliar los valores y estructurar un calendario de desembolsos.
El funcionario enfatizó que, más allá de las dificultades económicas, el sistema eléctrico colombiano es técnicamente robusto y regulatoriamente sólido. “El apagón no va a suceder”, sentenció.
Además, indicó que se está revisando la fórmula de costos para reducir la carga sobre los usuarios, especialmente en la región Caribe, sin necesidad de incrementar la inversión pública, manteniendo el papel del sector privado como clave en el desarrollo del sistema.
Contraloría y Procuraduría activan alerta temprana
Este mismo lunes, la Contraloría General y la Procuraduría anunciaron la creación de una comisión conjunta para monitorear la sostenibilidad, calidad y cobertura de los servicios públicos de energía y gas, ante la preocupación por los retrasos en los pagos de subsidios.
Ambas entidades vienen realizando mesas de trabajo con los ministerios de Minas y Hacienda, así como con la Superintendencia de Servicios Públicos. Una de las preocupaciones centrales es la situación de Air-e, empresa intervenida por el Estado.
“El objetivo es hacer seguimiento a las acciones que implementen los diferentes actores del sector para mitigar los riesgos identificados”, señalaron los entes de control en un comunicado conjunto.
También advirtieron que la falta de una solución integral podría representar un riesgo sistémico que afectaría la prestación del servicio, las finanzas públicas, la calidad de vida de los hogares —especialmente los más vulnerables— y el desarrollo económico del país.
