Por: El Gobierno nacional ratificó que se mantiene el incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, mientras avanza el trámite del decreto transitorio ordenado por el Consejo de Estado.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el salario vital no será modificado y que el Ejecutivo expedirá el nuevo decreto dentro del plazo fijado por el alto tribunal. Según explicó, la decisión cuenta con respaldo mayoritario en la Comisión de Concertación Salarial, donde participaron representantes de trabajadores y gremios empresariales.
El funcionario señaló que, aunque la medida fue suspendida de manera provisional, el Gobierno interpondrá recursos de aclaración y súplica ante el Consejo de Estado, en el marco de las 38 demandas de nulidad que cursan actualmente contra el decreto.
Apoyos para mipymes
Sanguino indicó que las medidas de respaldo a micro, pequeñas y medianas empresas no estarán contenidas en el nuevo decreto salarial, sino en resoluciones complementarias.
Entre las iniciativas mencionó el programa “Empleos para la vida”, que otorga incentivos de hasta el 35 % de un salario mínimo a empresas que vinculen población vulnerable, jóvenes en su primer empleo o mujeres víctimas de violencia. Además, se habilitarán líneas de crédito adicionales para mitigar impactos en costos laborales y fortalecer sectores intensivos en mano de obra.
El Ministro aseguró que estas acciones buscan equilibrar la sostenibilidad empresarial con la garantía de una remuneración mínima vital y móvil, mientras se mantiene el diálogo entre empleadores y trabajadores.
Movilizaciones continúan
El titular de la cartera laboral confirmó que se mantienen las movilizaciones convocadas para respaldar el salario vital, en medio del debate jurídico abierto tras la decisión del alto tribunal.
El Gobierno reiteró que la estrategia combina instrumentos financieros, incentivos a la contratación y defensa jurídica del decreto, con el objetivo de garantizar la implementación efectiva del aumento salarial sin afectar la generación de empleo.
La decisión definitiva sobre la validez del decreto quedará en manos del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse de fondo en los próximos meses.
