Por: Expertos internacionales discutieron la relación entre sustitución de cultivos, redistribución de la tierra y geopolítica de los recursos naturales.
La ICARRD+20 volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más complejos para América Latina: cómo articular la política de drogas con la reforma agraria y el desarrollo rural en territorios atravesados por economías ilícitas.
En la plenaria “Tierra, soberanías y rutas para la paz”, académicos, representantes de movimientos sociales y funcionarios públicos coincidieron en que la sustitución de cultivos de uso ilícito solo será sostenible si está acompañada de redistribución de la tierra, acceso a mercados y garantías de permanencia para el campesinado.
Francisco Gutiérrez Sanín, del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, sostuvo que las economías ilícitas son consecuencia de la debilidad de las economías legales y planteó la necesidad de una redistribución equitativa. Además, invitó a analizar las experiencias de Bolivia y Perú en reducción de cultivos ilícitos y a integrar la política antidrogas con estrategias de desarrollo territorial.
Desde una perspectiva regional, Óscar Recinos, representante de La Vía Campesina de El Salvador, insistió en que la sustitución debe basarse en el diálogo comunitario y no en la militarización. Señaló que los nuevos cultivos deben garantizar condiciones de vida dignas y evitar mayores niveles de precarización.
Gloria Miranda, directora del programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Colombia, afirmó que la implementación efectiva de la reforma agraria es clave para enfrentar el problema estructural. “La coca es el cultivo de la exclusión”, sostuvo, al señalar que la falta de acceso a tierra y oportunidades productivas perpetúa estas economías.
En la misma línea, Dario Cendoya, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Uruguay, defendió una estrategia que combine el debilitamiento de las economías ilícitas con fortalecimiento social y productivo de las comunidades rurales.
La académica Frances Thomson advirtió que uno de los principales riesgos está en las fallas de los mercados de sustitución. Según indicó, la falta de acceso real a mercados formales termina empujando nuevamente a los campesinos hacia cultivos ilícitos.
¿Quién controla la tierra y los recursos?
En la plenaria final, titulada “¿Quién controla la tierra, el petróleo y los minerales?”, el debate se amplió hacia la geopolítica de los recursos naturales.
La ministra de Agricultura y presidenta de la conferencia, Martha Carvajalino, abrió la discusión preguntando dónde están los recursos estratégicos y quién ejerce control sobre ellos.
Hilary Zhou, representante del Comité de Incidencia Internacional de Zimbabue, sostuvo que gran parte de los recursos naturales se encuentran en el sur global, aunque su administración y rentabilidad suelen concentrarse en el norte global.
Jun Borras, del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, cuestionó la mercantilización de la tierra y la naturaleza, señalando que el capital opera dentro y fuera de los Estados, muchas veces con respaldo institucional y coercitivo.
Desde Colombia, Claudia Patricia Ortiz Jeréz, de la Comisión Mixta, criticó el modelo extractivo y llamó a priorizar la vida, la soberanía alimentaria y el respeto por las relaciones espirituales de las comunidades con el territorio.
Por su parte, Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, planteó la necesidad de un nuevo orden jurídico global que limite los grandes poderes económicos y fortalezca la garantía de derechos humanos, incluidos los de campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
En el cierre, la ministra Carvajalino afirmó que la ICARRD+20 representa una convergencia de crisis y una oportunidad para repensar el multilateralismo, promover una gobernanza justa de los recursos y fortalecer la voz del sur global en la construcción de paz y sostenibilidad.
El debate dejó una conclusión transversal: la reforma agraria, la política de drogas y la gobernanza de los recursos naturales no pueden abordarse de forma aislada si se pretende transformar estructuralmente los territorios rurales.
