Por: El aspirante presidencial del Pacto Histórico acudirá a la Fiscalía y la Procuraduría para que se investiguen posibles responsabilidades penales y disciplinarias en decisiones que le impidieron participar en una consulta.
El aspirante presidencial Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada Artunduaga y el conjuez Hollman Ibáñez Parra, por presuntas irregularidades en el trámite que derivó en su exclusión de la consulta presidencial del Frente por la Vida.
De acuerdo con el anuncio realizado este lunes 9 de febrero de 2026, Iván Cepeda radicará una denuncia penal y una queja disciplinaria para que se evalúe la posible comisión del delito de prevaricato por omisión y eventuales faltas relacionadas con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses.
Según explicó el equipo jurídico del aspirante presidencial, las acciones judiciales y disciplinarias se fundamentan en la presunta obligación que tenían tanto el magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga como el conjuez Hollman Ibáñez Parra de declararse impedidos para intervenir en decisiones relacionadas con la inscripción de Cepeda como precandidato presidencial del Pacto Histórico.
En el comunicado divulgado, se señala que ambos funcionarios participaron en expedientes del CNE relacionados con solicitudes ciudadanas de revocatoria de la inscripción de Cepeda para la consulta presidencial del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo de 2026, pese a que, según el denunciante, existían causales objetivas que les impedían intervenir.
El documento precisa que, en el caso de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, el deber de declararse impedido estaría relacionado con la existencia de un proceso penal en curso en el que el magistrado fue acusado como presunto cómplice del delito de soborno en actuación penal. En ese proceso, Iván Cepeda ha sido reconocido como parte civil y víctima, circunstancia que, según la denuncia, configura una causal objetiva de impedimento.
Además, Cepeda sostiene que existe una enemistad grave entre él y el magistrado del CNE, derivada tanto de ese proceso judicial como de una denuncia penal adicional que interpuso en su contra por presuntos delitos de calumnia, injuria agravada, apología del genocidio y hostigamiento por motivos políticos y filosóficos.
“El magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga se encontraba obligado a declararse impedido para intervenir en los radicados mediante los cuales el Consejo Nacional Electoral resolvió solicitudes de revocatoria de mi inscripción como precandidato presidencial”, señala el comunicado, en el que se insiste en que el impedimento no era discrecional ni sujeto a interpretación personal.
Respecto al conjuez Hollman Ibáñez Parra, la denuncia argumenta que antes de intervenir formalmente en la actuación administrativa, este había realizado pronunciamientos públicos y jurídicos reiterados sobre aspectos centrales del caso, particularmente sobre la aplicación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 y la posibilidad de que un movimiento político participe en una consulta interpartidista posterior.
Según Cepeda, estas manifestaciones previas evidenciarían una postura interpretativa cerrada y una animadversión manifiesta hacia su candidatura y hacia el movimiento político que representa, lo que, a su juicio, constituía otra causal objetiva de impedimento.
“Ibáñez Parra también se encontraba obligado a declararse impedido, toda vez que había emitido de forma pública y reiterada pronunciamientos jurídicos de fondo sobre el asunto que posteriormente pasó a conocer y decidir”, se lee en el documento divulgado.
El comunicado subraya que, en ambos casos, los impedimentos eran de carácter objetivo y estaban claramente definidos por la ley, por lo que los funcionarios debieron abstenerse de participar en la actuación administrativa desde el primer momento.
A través de estas acciones, Iván Cepeda solicita que las autoridades competentes determinen si las actuaciones del magistrado y del conjuez comprometieron la garantía de imparcialidad que debe regir los procesos electorales y si existe responsabilidad penal o disciplinaria derivada de su intervención.
Finalmente, el aspirante presidencial reiteró que la denuncia busca esclarecer los hechos y establecer si los funcionarios incurrieron de manera consciente y deliberada en el incumplimiento de sus deberes funcionales, al participar en decisiones de las que, según sostiene, debieron apartarse de manera inmediata.
