La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a ambos funcionarios colombianos de delitos relacionados con el caso Odebrecht. Sin embargo, la medida ha sido calificada como una persecución judicial con motivaciones políticas.
La controversia volvió a estallar en Guatemala. Este lunes 2 de junio, José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), solicitó la captura de la fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro de Defensa y actual embajador en el Vaticano, Iván Velásquez. El funcionario guatemalteco también pidió a Interpol emitir una circular roja para su detención y anunció que solicitará su extradición al Gobierno colombiano.
Ambos son señalados por supuestos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco de una investigación relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
El origen de la acusación: su paso por la Cicig
La raíz de esta decisión judicial se remonta a los años en que Camargo y Velásquez lideraron investigaciones anticorrupción desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo de la ONU que operó en ese país entre 2007 y 2019.
Velásquez estuvo al frente de la Cicig entre 2014 y 2019, mientras que Camargo fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio entre 2014 y 2017. Ambos impulsaron casos clave que tocaron a las más altas esferas del poder político y económico, incluyendo a exmandatarios y funcionarios vinculados a la trama Odebrecht.
Durante su gestión, el trabajo de la Cicig fue clave para procesar al expresidente Otto Pérez Molina y desenmascarar estructuras de corrupción transnacional. Sin embargo, también generó fuertes resistencias dentro del sistema judicial guatemalteco.
Las nuevas acusaciones y el caso Odebrecht
Según Curruchiche, la investigación actual sostiene que tanto Velásquez como Camargo habrían participado en una red que favoreció a Odebrecht en la adjudicación de un contrato por 400 millones de dólares para construir una carretera de 140 kilómetros. Aunque la empresa recibió 255 millones, la obra nunca fue terminada.
El fiscal guatemalteco aseguró que existen entre 3.000 y 4.000 elementos probatorios, incluyendo correos electrónicos de 2017 y el testimonio de un “testigo clave”. Además, vinculó a otras figuras como la exfiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Sin embargo, medios y analistas en Guatemala, como el periodista Luis Enrique González del medio digital República, han señalado que la medida podría responder a motivaciones políticas. La Cicig fue desmantelada en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, tras ser declarado ‘non grato’ Iván Velásquez. Desde entonces, el aparato judicial ha sido cuestionado por supuesta captura institucional y persecución contra operadores de justicia independientes.
¿Una revancha disfrazada de justicia?
Desde Naciones Unidas ya se había advertido en 2023 que los exfuncionarios de la Cicig mantienen inmunidad diplomática. En ese entonces, el portavoz Farhan Haq recalcó que “su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos”.
El presidente Gustavo Petro también salió en defensa de Velásquez: “Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio. Cordura en política significa luchar contra la corrupción”.
El Gobierno de Guatemala, actualmente liderado por Bernardo Arévalo, rechazó la decisión del tribunal. En un comunicado, calificó las órdenes de captura como “ilegales y carentes de sustento jurídico”, además de señalar que forman parte de una “trama corrupta” para encubrir a quienes fueron señalados por la Cicig.
