Por: El exdirector de la DIAN y dos altos funcionarios están en la mira por la supuesta formulación inadecuada de metas fiscales para 2024.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, por presuntas irregularidades en la proyección y mensualización de las metas de recaudo tributario para el año 2024. El ente busca establecer si hubo fallas técnicas que puedan comprometer la regla fiscal del país.
El órgano de control disciplinario, encabezado por Gregorio Eljach, inició una pesquisa formal contra Luis Carlos Reyes, quien hasta hace pocas semanas fue director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y también se desempeñó como ministro de Comercio, Industria y Turismo.
La investigación está relacionada con la posible formulación incorrecta de las metas de recaudo tributario para la vigencia 2024. Según la Procuraduría, los datos proyectados habrían sido construidos sobre supuestos alejados de la realidad macroeconómica y sin el debido respaldo técnico.
El caso será liderado por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, y también involucra al subdirector de Estudios Económicos de la DIAN, David Gustavo Suárez Castellanos, y al director de Gestión Estratégica y de Analítica, Guillermo Alberto Sinisterra Paz. Ambos habrían participado en la construcción de las metas fiscales.
El órgano de control señala que entre enero y mayo de 2024 se registró una caída del recaudo tributario superior al 10 %, lo que podría afectar el cumplimiento de la regla fiscal. Esta situación habría encendido las alarmas en el Ministerio de Hacienda, que, según versiones preliminares, habría advertido sobre inconsistencias en las proyecciones.
La Procuraduría busca establecer si hubo desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad y coordinación interinstitucional en la gestión fiscal, lo cual constituiría una falta disciplinaria.
Además de la supuesta falta de rigor técnico, se investiga si los funcionarios omitieron deliberadamente advertencias provenientes del Ministerio de Hacienda, lo que agravaría la posible responsabilidad disciplinaria.
Por ahora, la investigación se encuentra en fase preliminar, pero marca un nuevo episodio de tensión institucional sobre la gestión fiscal del actual Gobierno.
