Por: El encuentro se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el aumento del 23,7 % decretado para 2026.
La Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales se reunirá este lunes 16 de febrero a las 10:00 a. m., tras la suspensión provisional del aumento del salario mínimo para 2026 ordenada por el Consejo de Estado. Gobierno, gremios y centrales obreras regresan al diálogo en medio de un debate sobre la viabilidad económica y legal del ajuste.
Reabre la discusión salarial
El encuentro fue convocado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de que el alto tribunal suspendiera el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno había fijado un incremento del 23,7 %, llevando el salario mínimo a cerca de $2 millones con auxilio de transporte.
La decisión judicial obligó a reabrir la discusión técnica y política sobre el ajuste, al tiempo que mantiene vigente el aumento hasta que se expida un nuevo decreto transitorio.
El Gobierno insiste en mantener el incremento, al que denomina “salario vital”, mientras sectores empresariales consideran que el porcentaje debe revisarse bajo criterios de inflación y productividad.
La posición del Gobierno
El ministro Sanguino aseguró que la mesa analizará los alcances del fallo y revisará cifras recientes del DANE, así como informes del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República.
“No hay un impacto inflacionario derivado del salario mínimo vital ni efectos negativos en la economía”, afirmó el funcionario.
Sanguino reiteró que mientras no se expida un nuevo acto administrativo, el aumento del 23,7 % continúa vigente. También señaló que la posibilidad de llegar a un acuerdo dependerá de la disposición de empresarios y trabajadores.
Gremios empresariales piden moderación
Desde el sector empresarial, la postura es distinta. La Acopi propone un ajuste cercano al 7,2 %, resultado de sumar inflación y productividad.
Por su parte, la Fenalco, que demandó el decreto presidencial, vuelve a la mesa junto con la Andi y la SAC.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que la prioridad debe ser proteger el empleo formal y evitar presiones inflacionarias. “El llamado es a generar estabilidad, confianza y reglas claras que permitan proteger el poder adquisitivo sin poner en riesgo la generación de empleo”, sostuvo.
El Consejo Gremial Nacional respaldó la decisión cautelar del Consejo de Estado y recordó que la discusión debe observar criterios técnicos y sostenibilidad fiscal.
Desde Acopi también se advirtió que la economía no puede operar en un “limbo jurídico”, pues la suspensión genera incertidumbre en la liquidación de nóminas.
Centrales obreras defienden el aumento
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la suspensión judicial y pidió expedir un nuevo decreto que mantenga el incremento anunciado.
Su presidente, Fabio Arias, afirmó que los trabajadores no pueden perder el derecho constitucional a un salario digno. “No pueden perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y hacer justicia social con un salario mínimo de 2 millones de pesos para 2026”, expresó.
Un debate económico y jurídico abierto
El aumento del salario mínimo impacta directamente el empleo formal, la inflación, el gasto público y el poder adquisitivo de cerca de 2,5 millones de trabajadores.
Mientras el Consejo de Estado estudia de fondo las demandas acumuladas contra el decreto, la mesa de concertación busca una salida que cumpla con los criterios legales y constitucionales.
El resultado del encuentro dependerá de la disposición de las partes para negociar y de los parámetros técnicos que se adopten en medio de una coyuntura económica marcada por la incertidumbre.
