Por: El abogado y líder social Óscar Benavides radicó una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que advierte que el concejal de Bogotá Daniel Briceño, recientemente anunciado por Álvaro Uribe como cabeza de lista del Centro Democrático para la Cámara de Representantes por Bogotá, podría estar inhabilitado para competir en las elecciones de 2026.
La denuncia: una presunta violación constitucional
Benavides sostiene que la aspiración de Briceño contraviene el artículo 179, numeral 8, de la Constitución, que prohíbe aspirar al Congreso a quienes hayan ejercido autoridad política dentro del año previo a la elección.
Según el abogado:
“Nadie que haya ejercido autoridad política dentro del año previo a la elección puede llegar al Congreso. El Consejo de Estado lo ha reiterado una y otra vez: los concejales ejercen autoridad política”.
El denunciante señala que, para ser candidato en 2026, Briceño debió renunciar en marzo de 2024. Sin embargo, continúa en ejercicio, participa en comisiones, vota proyectos y toma decisiones dentro del Concejo de Bogotá.
“La inhabilidad es absoluta”: la advertencia de Benavides
El abogado enfatiza que la presunta inhabilidad no puede subsanarse, incluso si Briceño renunciara después, especialmente si ha intervenido en asuntos administrativos o contractuales.
Benavides cuestiona además el manejo público y ético de la precandidatura:
“¿Está usando su salario como concejal para preparar su campaña?
¿Sus funcionarios están interviniendo indebidamente en política?
¿Por qué sigue recibiendo sueldo público mientras lo promueven como candidato?
¿Acaso eso no constituye una falta electoral?”.
Falta de rendición de cuentas y promoción anticipada
Otro punto central de la denuncia es que, según Benavides, Briceño estaría siendo promocionado como precandidato sin cumplir con las obligaciones de transparencia electoral, pues no habría presentado informes de ingresos y gastos de campaña pese a la difusión de artículos, foros y notas de prensa que lo impulsan como figura para 2026.
El abogado calificó esta situación como:
“Injusta con los ciudadanos, con sus electores y profundamente antiética, configurándose como un delito electoral”.
