Por: La colectividad sostiene que el magistrado Álvaro Hernán Prada tendría un interés directo en la investigación administrativa.
El movimiento Pacto Histórico presentó una recusación contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada Artunduaga, en el marco del proceso que analiza la posible revocatoria de su lista al Senado para las elecciones legislativas de marzo de 2026.
Recusación por presunto interés directo
La acción fue confirmada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, quien aseguró que el togado tendría un interés directo en el trámite administrativo.
Según explicó, la recusación se formalizó luego de que la colectividad recibiera la notificación del auto que avoca conocimiento del proceso y ordena la práctica de pruebas sobre la inscripción de la lista cerrada al Senado.
En un video difundido en redes sociales, Pérez afirmó que el magistrado debía declararse impedido por una supuesta enemistad manifiesta hacia el movimiento progresista. Posteriormente, en declaraciones a medios, señaló que Prada habría expresado posiciones previas que comprometerían su imparcialidad.
Hasta el momento, el magistrado no se ha pronunciado públicamente sobre la recusación.
Origen de la investigación
El proceso administrativo fue iniciado tras una solicitud presentada por la ciudadana Yurani Maritza Obando Muñoz, quien cuestionó la conformación de la lista al Senado inscrita por el Pacto Histórico.
Según la petición, la lista cerrada habría desconocido el orden derivado de la consulta interpartidista realizada en octubre de 2025 y podría vulnerar normas constitucionales y disposiciones contenidas en la Ley 1475 de 2011.
La coalición está integrada por partidos y movimientos como Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano y el Movimiento Progresista.
De acuerdo con la solicitud, la consulta interpartidista arrojó una clasificación y porcentaje de votos para 144 precandidatos. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2025 se inscribió la lista definitiva al Senado, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento estricto de los resultados obtenidos en ese mecanismo.
Pruebas y trámite administrativo
Mediante auto del 18 de febrero, el despacho del magistrado Prada ordenó la práctica de pruebas documentales a la Registraduría Nacional del Estado Civil y requirió a los representantes legales de la coalición que presenten sus explicaciones en un plazo de dos días.
El CNE también dispuso la comunicación oficial del proceso a los 100 candidatos inscritos en la lista, quienes podrían verse directamente afectados por una eventual revocatoria o modificación.
Entre las pruebas solicitadas se incluyen los formularios de inscripción, la aceptación de candidaturas, la lista definitiva registrada y el acuerdo de coalición suscrito para participar en las elecciones legislativas del periodo 2026-2030.
El trámite contempla además la intervención del Ministerio Público y la publicación del proceso en los canales oficiales del CNE y la Registraduría, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir la participación de terceros interesados.
Impacto político
La recusación se presenta en un momento clave del calendario electoral, a pocas semanas de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026.
Si prospera la investigación y se ordena la revocatoria de la lista, el impacto podría extenderse a más de 100 aspirantes y alterar la participación del movimiento en el Congreso.
Mientras tanto, el CNE deberá resolver primero la recusación presentada y definir si el magistrado Prada continúa o no al frente del proceso, antes de avanzar en una decisión de fondo sobre la inscripción de la lista.
