Productores de arroz llaman al Gobierno Petro a una mesa urgente, pero ratifican el cese de actividades por bajos precios, competencia desleal y pérdidas millonarias.
Los arroceros colombianos anunciaron un paro nacional indefinido desde el próximo lunes 14 de julio. Aunque insisten en un diálogo con el Gobierno, denuncian una situación crítica en el sector por caídas históricas en los precios, altos costos de producción y un mercado que, según ellos, favorece a grandes industrias y productos importados.
La tensión en el sector arrocero sigue creciendo. A solo días del anunciado paro, los productores de arroz mantienen su llamado a una mesa de diálogo nacional, pero ratifican el inicio de un cese de actividades indefinido si no se adoptan soluciones inmediatas ante lo que califican como una “crisis sin precedentes”.
Según voceros del gremio, las pérdidas económicas son alarmantes. El ingreso por hectárea cultivada ha caído en más de un millón de pesos, afectando directamente a los pequeños y medianos productores, muchos de los cuales ya están abandonando sus cultivos.
Las causas de esta situación son múltiples: la caída del precio del arroz verde, el incremento en los costos de insumos, la competencia desleal con arroz importado desde países subsidiados como Ecuador y Uruguay, y el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno, incluyendo incentivos prometidos. A esto se suma la presión de grandes empresas molineras, que concentran el poder del mercado y limitan la participación de los campesinos en la cadena de valor.
El riesgo no es solo económico: la movilización podría tener impacto en el orden público y la seguridad alimentaria nacional, advirtieron gobernadores de al menos 20 departamentos arroceros como Tolima, Huila, Sucre, Meta y Santander, quienes también piden al Ejecutivo instalar de manera urgente una Mesa Nacional por el Sector Arrocero.
“El sector se encuentra en un punto crítico que podría poner en riesgo la economía de miles de familias campesinas”, alertó Héctor Olimpo Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Sucre.
Los mandatarios locales proponen una mesa multisectorial con participación de los ministerios de Hacienda, Agricultura y Comercio, además de alcaldes y productores, para abordar tanto los problemas coyunturales como estructurales del agro.
Además de los precios bajos, también preocupa el impacto del cambio climático, el rezago tecnológico y el contrabando de arroz, que ha aumentado en las zonas fronterizas y agrava la crisis. A ello se suman los efectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC), que abren la puerta a arroz extranjero mientras el nacional pierde terreno.
Un informe de Fedearroz revela que el 70 % de los arroceros está operando con pérdidas, y muchos han optado por dejar sus tierras sin cultivar.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional comenzó reuniones preliminares con representantes de Comercio, la DIAN y la Superintendencia de Industria y Comercio. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reconoció que los precios han caído más de lo proyectado, aunque aclaró que los inventarios actuales y el consumo interno se mantienen estables.
“Mantenemos las medidas de apoyo a los insumos, el alivio en el crédito, y el respaldo directo a la primera cosecha del año”, señaló Carvajalino.
La ministra también indicó que el Gobierno evalúa ajustes regulatorios para corregir las distorsiones del mercado, en el marco de un régimen de libertad vigilada de precios.
Por ahora, el reloj avanza y los arroceros no ceden: si no hay respuesta clara antes del lunes, el paro va.

