Crece la expectativa sobre si el mandatario desobedecerá el fallo que prohíbe emitir estos eventos por canales privados.
Este lunes en la noche, el presidente Gustavo Petro llevará a cabo un nuevo consejo de ministros, mientras sigue el rifirrafe con el Consejo de Estado por la transmisión de estos espacios en televisión privada.
La Oficina de Comunicaciones de la Presidencia confirmó la realización del encuentro, pero aún no está claro si será televisado por canales privados, como venía ocurriendo, o si se limitará a los medios públicos, como lo ordenó el alto tribunal.
¿Censura o derecho a la información?
El presidente ha sido tajante: considera que la orden del Consejo de Estado es un acto de censura. Según Petro, las transmisiones son una forma de rendir cuentas directamente al pueblo y de mostrar los obstáculos que enfrenta para ejecutar su programa de gobierno.
Sin embargo, el fallo respondió a una tutela interpuesta por una ciudadana, quien alegó que sus derechos se vieron vulnerados cuando las transmisiones oficiales reemplazaron la programación habitual en canales privados, sin darle opción a otros contenidos.
Lo que dijo el Consejo de Estado
El alto tribunal fue claro: imponer una única narrativa oficial, sin posibilidad de contraste, limita el pluralismo informativo. Según el fallo, las transmisiones obligatorias:
- Restringen el acceso a una oferta informativa diversa y veraz
- Obligan a la ciudadanía a consumir solo una fuente oficial
- Afectan el acceso a contenidos culturales y de entretenimiento, especialmente en horarios de alta audiencia
¿Habrá desacato presidencial?
Aunque Petro puede seguir transmitiendo por canales públicos, la gran duda es si desconocerá la orden del Consejo de Estado, como ya ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, frente a fallos sobre nombramientos diplomáticos.
Desde la oposición celebraron la decisión judicial, mientras que en el Congreso, la Comisión de Acusaciones evalúa si el mandatario pudo haber revelado información confidencial durante estas transmisiones.
Por su parte, el Gobierno y sectores oficialistas rechazan con fuerza la restricción. Reiteran que la ciudadanía tiene derecho a conocer en detalle la gestión presidencial y a participar activamente en una eventual consulta popular, en la que se busca respaldar la agenda reformista.
