Por: El alto tribunal citó al mandatario para que declare si fue víctima de amenazas o ataques tras un trino del congresista que, según la Corte, podría incitar al odio y la violencia.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanzó en la investigación contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, procesado por el delito de hostigamiento agravado, tras un mensaje publicado en sus redes sociales en noviembre de 2024.
El congresista escribió: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañado de un video en el que se observa la quema de una bandera del M-19, movimiento político del que hizo parte el hoy presidente Gustavo Petro. Para la Corte, esta publicación podría tener potencial de incitar al odio o la violencia contra los integrantes de esa colectividad.
Testimonios clave
Durante la audiencia preparatoria, el alto tribunal definió las pruebas, documentos y testimonios que se tendrán en cuenta en el juicio. Entre ellos, se ordenó escuchar la declaración del presidente Petro, a fin de determinar si fue objeto de amenazas, agresiones o hechos que comprometieran su seguridad como consecuencia directa de las publicaciones de Polo Polo.
“Se accede a su testimonio por considerarse pertinente su declaración de cara a evidenciar si tuvo conocimiento directo de las publicaciones realizadas por el procesado y si, como consecuencia de estas, ha sido objeto de hechos concretos que hayan afectado su vida, integridad o seguridad”, señaló la Sala.
También fueron citadas la vicepresidenta Francia Márquez, la senadora María José Pizarro y Javier Alfonso Forero Niño, representante legal del movimiento político M-19.
La defensa insiste en la nulidad
Aunque la Corte negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del congresista, su abogado, Jhonathan Peláez, interpuso recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal.
“De no prosperar la nulidad, se abrirá un debate jurídico muy interesante sobre el principio de lesividad. Un trino o un retuit, en los términos de los hechos denunciados, no tienen la potencialidad de afectar el bien jurídico tutelado”, sostuvo el defensor.
Con esta decisión, el proceso contra Polo Polo entra en una nueva fase judicial que pondrá a prueba los límites de la libertad de expresión en redes sociales y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a mensajes que puedan promover discursos de odio.
