Por: El presidente aseguró que informes de inteligencia advertían sobre un plan para afectar un encuentro internacional; el oficial negó los señalamientos.
El presidente Gustavo Petro ordenó el retiro del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, luego de denunciar un presunto plan para introducir sustancias ilícitas en su esquema de seguridad con el fin de afectar una reunión internacional con el expresidente estadounidense Donald Trump.
La decisión fue anunciada tras un Consejo de Ministros realizado en Córdoba y posteriormente formalizada mediante el Decreto 0147, emitido el 11 de febrero por el Ministerio de Defensa Nacional.
Durante la sesión del gabinete, el mandatario afirmó que recibió informes de inteligencia que advertían sobre la supuesta intención de introducir sustancias psicoactivas en uno de los vehículos del esquema presidencial, lo que, según dijo, tenía como propósito afectar una reunión programada en la Casa Blanca entre Colombia y Estados Unidos.
“Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Y tenían como misión destruir la reunión con Trump”, manifestó el presidente Petro durante su intervención.
El jefe de Estado también señaló que se habrían producido otras actuaciones irregulares por parte de uniformados, incluyendo presuntas acciones contrarias a órdenes de captura y un supuesto intento de involucrar a su hijo en un proceso judicial en diciembre pasado. Según el mandatario, los hechos vendrían ocurriendo desde octubre del año anterior.
El decreto oficial establece que el brigadier general Urrego fue retirado “por llamamiento a calificar servicios”, una figura jurídica contemplada en la Ley 857 de 2003 que permite el retiro de oficiales y suboficiales sin pérdida de grado, cuando cumplen los requisitos para acceder a la asignación de retiro.
De acuerdo con la certificación de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, el oficial cuenta con más de 31 años de servicio. Conforme al artículo 145 del Decreto 1212 de 1990, continuará dado de alta en la pagaduría durante tres meses mientras se formaliza su situación administrativa.
Según el Gobierno, la decisión se fundamenta en información suministrada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que habría identificado a un grupo de uniformados activos que presuntamente seguían instrucciones para interferir en la agenda presidencial.
Entre los mencionados en las versiones preliminares también figura el teniente coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave, aunque hasta el momento no se han detallado públicamente las responsabilidades individuales ni el alcance de las investigaciones.
En entrevista con Blu Radio, el general Urrego rechazó las acusaciones y expresó sorpresa frente a los señalamientos del presidente.
“Realmente estoy sorprendido de lo que se está presentando y de lo que manifiesta hoy en día el señor presidente”, afirmó el oficial, quien aseguró que durante sus más de 30 años de carrera ha actuado con apego a la ley.
El general también manifestó su disposición a someterse a pruebas como el polígrafo para esclarecer los hechos y negó cualquier contacto con el esquema de seguridad presidencial. “No tengo ningún contacto con el esquema ni con el jefe de seguridad. Esa protección es manejada directamente por Casa Militar”, indicó.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre el estado de las investigaciones ni sobre eventuales procesos disciplinarios o penales derivados de las denuncias.
La decisión del presidente Petro se produce en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y sectores de la Fuerza Pública, y abre un nuevo capítulo en la relación institucional entre el Gobierno y los altos mandos policiales.
