Congresistas reclaman que se castigue con mayor severidad a violadores y asesinos de niños en Colombia, y exigen que se consulte al país sobre este tema urgente.
Más de 30 congresistas pidieron al presidente Gustavo Petro que incluya en la consulta popular del Gobierno una pregunta sobre el aumento de penas para delitos sexuales y homicidios contra menores de edad. La propuesta contempla condenas de hasta 70 años de prisión.
La solicitud fue radicada esta semana en una carta enviada al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en la que los legisladores piden que el tema sea llevado a las urnas. La representante Érika Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fue una de las voces más enfáticas: “Los niños y niñas de Colombia no pueden seguir siendo excluidos de la consulta popular”, afirmó.
Una crisis que no da tregua
La petición se basa en cifras alarmantes del Instituto Nacional de Medicina Legal: más de 15.000 casos de abuso sexual infantil y más de 500 homicidios de menores se han registrado en lo corrido de 2024. Para los firmantes de la carta, esto representa una crisis nacional que requiere una respuesta contundente del Estado.
“Estas cifras son una vergüenza nacional y reflejan la falta de una política criminal lo suficientemente fuerte para disuadir y castigar a los responsables”, se lee en el documento.
La propuesta, sin embargo, contrasta con la posición del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha manifestado que la consulta solo incluirá temas relacionados con la reforma laboral que se hundió en el Congreso.
“Colombia se está convirtiendo en un paraíso para depredadores”
Los congresistas aseguran que el sistema judicial colombiano protege más a los criminales que a las víctimas, y denuncian que muchos agresores de menores recuperan su libertad tras cumplir solo una parte de su condena.
“La impunidad y la falta de justicia han convertido a Colombia en un paraíso para los depredadores sexuales y homicidas de niños”, advierten.
En su carta, también comparan la legislación nacional con la de países como Estados Unidos y México, donde existen penas de cadena perpetua e incluso pena de muerte para delitos similares.
