Por: Más de 521.000 personas han sido beneficiadas con adjudicación y titulación de tierras, según balance de la Agencia Nacional de Tierras.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro reportó avances en la implementación de la reforma agraria, con la entrega y formalización de más de 1,8 millones de hectáreas a víctimas del conflicto armado. La estrategia busca impulsar la reparación, el acceso a la tierra y la construcción de paz en distintas regiones del país.
El proceso de reforma agraria impulsado por el Gobierno nacional continúa mostrando resultados en materia de acceso a la tierra para víctimas del conflicto armado. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en poco más de tres años y medio de administración se han entregado y formalizado más de 1,8 millones de hectáreas en todo el territorio nacional.
En concreto, la entidad ha adjudicado 145.592 hectáreas a 263.800 personas víctimas, mientras que ha formalizado 1.677.418 hectáreas a otras 257.493. En total, más de 521.000 ciudadanos han sido beneficiados con estos procesos, que buscan garantizar la tenencia legal de la tierra y promover la estabilidad en zonas históricamente afectadas por la violencia.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó que estos avances representan un cambio significativo frente a años anteriores, en los que los procesos de restitución y formalización avanzaban con mayor lentitud.
“Durante casi dos décadas, muchas de las tierras destinadas a la reparación de víctimas estuvieron ocupadas por distintos actores. Hoy, con voluntad política, hemos logrado entregar y formalizar más de 1,8 millones de hectáreas”, afirmó el funcionario.
Entrega de tierras en regiones clave
Dentro del balance presentado por el Gobierno, se identifican varias regiones donde la entrega de tierras ha tenido mayor impacto. El departamento de Vichada lidera el listado con 29.614 hectáreas adjudicadas, seguido por Meta con 28.033.
Otros territorios con cifras relevantes incluyen Valle del Cauca, Cesar, Casanare, La Guajira, Cauca, Huila, Nariño y Magdalena, donde también se han realizado adjudicaciones importantes.
En términos de número de beneficiarios, el departamento del Cauca encabeza la lista con más de 102.000 personas impactadas, seguido por Nariño, Huila, Caldas y Magdalena.
Testimonios que reflejan el impacto
Más allá de las cifras, el proceso ha tenido un impacto directo en las comunidades. Edith Monsalve, una de las beneficiarias, relató cómo la entrega de tierras cambió la vida de su familia tras décadas de espera.
“Después de 27 años, por fin tenemos los títulos. Ahora sí podemos decir que esta tierra es nuestra”, expresó, al recordar los hechos de violencia que los obligaron a abandonar sus predios en el pasado.
Historias como esta reflejan el alcance de una política que busca no solo entregar tierras, sino también garantizar condiciones de estabilidad para las víctimas del conflicto.
Formalización: eje central de la estrategia
Uno de los pilares del proceso ha sido la formalización de predios, que permite a las familias acceder legalmente a la propiedad de la tierra. En este frente, la ANT ha logrado formalizar más de 1,6 millones de hectáreas en diferentes regiones del país.
El departamento de Amazonas lidera este proceso con más de 587.000 hectáreas formalizadas, seguido por Putumayo, Vichada, Caquetá y Cauca.
También destacan territorios como Nariño, Meta, Guainía, Vaupés y Antioquia, donde se han adelantado procesos de titulación que buscan cerrar brechas históricas en el acceso a la tierra.
En cuanto a beneficiarios, el departamento del Cesar registra el mayor número de personas favorecidas con estos procesos, seguido por Nariño, Vichada, La Guajira y Amazonas.
Reforma agraria como apuesta de paz
Desde el Gobierno han insistido en que la reforma agraria no solo tiene un componente económico, sino también social y territorial. La entrega y formalización de tierras es vista como una herramienta clave para la construcción de paz en Colombia.
En ese sentido, el director de la ANT aseguró que la entidad continuará trabajando hasta el final del actual gobierno para ampliar la cobertura de estos programas y garantizar que más víctimas puedan acceder a la tierra.
El enfoque también incluye el fortalecimiento de comunidades campesinas y étnicas, así como la promoción del desarrollo rural en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
Con estos avances, el Gobierno busca consolidar una política de acceso a la tierra que contribuya a reducir la desigualdad, mejorar las condiciones de vida en el campo y avanzar hacia territorios más estables y productivos.
