Por: Un operativo, liderado por MinJusticia, simultáneo en los 124 centros de reclusión del país dejó más de 1.300 celulares incautados y reactivó el debate sobre el control estatal en las prisiones.
Durante años, la extorsión telefónica originada desde cárceles se consolidó como uno de los delitos más persistentes en Colombia. Comerciantes, transportadores y ciudadanos en distintas regiones del país fueron víctimas de llamadas intimidatorias que, según las investigaciones, se realizaban desde centros de reclusión bajo custodia del Estado. Aunque el fenómeno fue ampliamente documentado, las acciones para enfrentarlo se mantuvieron limitadas.
Esta semana, el Ministerio de Justicia lideró un operativo simultáneo en los 124 establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de frenar la operación de estructuras criminales desde el interior de las cárceles. El balance oficial reportó la incautación de 1.320 teléfonos celulares, cerca de 1.700 tarjetas SIM, armas blancas artesanales, dinero en efectivo, licor y aproximadamente 427 kilos de estupefacientes.
Según informó la cartera de Justicia, los resultados del operativo evidencian que la extorsión desde prisión no responde únicamente a fallas estructurales del sistema penitenciario, sino también a la ausencia de controles efectivos sobre el uso de tecnología y comunicaciones dentro de los centros de reclusión.
Doce años sin intervención tecnológica
Uno de los datos revelados por el Ministerio de Justicia indica que desde 2012 no se habían realizado intervenciones estructurales para el mantenimiento y activación de los bloqueadores de señal en las cárceles del país. Durante más de una década, estos sistemas permanecieron inactivos o con funcionamiento limitado, lo que facilitó el uso de teléfonos móviles por parte de personas privadas de la libertad.
De acuerdo con el Ministerio, esta situación permitió que algunos establecimientos penitenciarios se convirtieran en puntos de operación para delitos como la extorsión, sin que existiera una respuesta integral y sostenida del Estado. El reciente operativo marcó el inicio de un plan para revisar, mantener y restablecer progresivamente los sistemas de bloqueo de señal en los centros identificados como focos de este delito.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que las acciones adelantadas buscan recuperar el control institucional en los establecimientos carcelarios y reducir de manera efectiva los delitos que se coordinan desde su interior.
Un problema estructural sostenido en el tiempo
La extorsión desde cárceles ha sido señalada durante años como una consecuencia del hacinamiento, la falta de personal y las debilidades del sistema penitenciario. Sin embargo, los resultados del operativo evidencian que el fenómeno también se sostuvo por la falta de decisiones administrativas y operativas, especialmente en lo relacionado con el control de comunicaciones.
Expertos en seguridad han señalado que la presencia masiva de celulares y tarjetas SIM dentro de las prisiones no responde a una imposibilidad técnica, sino a fallas en los controles de ingreso y en la supervisión interna. La incautación realizada esta semana confirma la magnitud del problema y la necesidad de acciones continuas para evitar su reaparición.
El Ministerio de Justicia indicó que los operativos de requisa continuarán y estarán acompañados de medidas tecnológicas y administrativas para impedir que las estructuras criminales se reorganicen.
Control institucional y enfoque de derechos humanos
Desde el Gobierno se ha insistido en que el fortalecimiento del control en las cárceles no es incompatible con la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Como ejemplo, el Ministerio destacó las acciones adelantadas en Buenaventura, donde se han realizado visitas institucionales para verificar las condiciones de reclusión y avanzar en planes de mejoramiento integral.
En este municipio del Valle del Cauca, se proyecta la construcción de un nuevo establecimiento carcelario con enfoque de derechos humanos, así como una nueva Casa de Justicia destinada a fortalecer el acceso de la comunidad a los servicios judiciales. Estas iniciativas, según la cartera, hacen parte de una estrategia que busca combinar seguridad, dignidad y presencia estatal tanto dentro como fuera de los centros de reclusión.
Seguridad como acción sostenida
El operativo nacional no representa, por sí solo, la solución definitiva al problema de la extorsión en Colombia. No obstante, desde el Ministerio de Justicia se señaló que se trata de un paso necesario para recuperar el control interno de las cárceles y reducir la incidencia de delitos que se originan desde estos espacios.
Las autoridades reiteraron que el combate a la extorsión requiere acciones concretas y sostenidas, como el control de comunicaciones, la requisa permanente y el fortalecimiento institucional del sistema penitenciario. En ese sentido, el Gobierno aseguró que continuará implementando medidas para evitar que las cárceles sigan siendo utilizadas como centros de operación criminal.
El reciente operativo deja en evidencia que la capacidad del Estado para actuar existe, y que la reducción de este delito dependerá de la continuidad y eficacia de las decisiones que se adopten en el tiempo.
