Por: Durante años, la extorsión telefónica fue uno de esos delitos que en Colombia parecían imposibles de erradicar. Comerciantes, transportadores y familias enteras aprendieron a convivir con llamadas amenazantes que, paradójicamente, salían desde cárceles bajo custodia del Estado. Extorsión desde prisión: el problema nunca fue técnico, fue de voluntad política. Gobiernos pasaron, los diagnósticos se repitieron y el fenómeno se normalizó, no por falta de herramientas, sino por la decisión reiterada de no usarlas.
Esta semana, el Ministerio de Justicia lideró un megaoperativo simultáneo en los 124 establecimientos de reclusión del país. El balance fue contundente: 1.320 celulares, 1.700 tarjetas SIM, armas blancas artesanales, dinero en efectivo, licor y 427 kilos de estupefacientes incautados. Más allá de las cifras, el operativo dejó una verdad incómoda sobre la mesa: la extorsión desde las cárceles no era imposible de controlar; simplemente no se estaba controlando.
La comparación que incomoda: doce años de omisión
Uno de los datos más reveladores lo dio el propio Ministerio de Justicia: desde 2012 ningún gobierno había intervenido la infraestructura necesaria para activar los bloqueadores de señal en las cárceles del país. Doce años. Doce años en los que el Estado permitió que centros de reclusión funcionaran, en la práctica, como nodos de operación criminal, mientras el discurso oficial hablaba de seguridad sin tocar el fondo del problema.
La diferencia con gobiernos anteriores no está en el relato, sino en la decisión. El contraste es evidente: mientras durante años el problema se discutió sin decisiones, el ministro de Justicia en encargo, Andrés Idárraga, avanzó en poco tiempo en acciones concretas que otros gobiernos dejaron en el papel. La diferencia no fue el diagnóstico, fue la voluntad de actuar.
Esta vez no se optó por anunciar reformas abstractas ni por trasladar la responsabilidad. Se hizo algo básico, casi obvio: entrar, requisar, incautar y empezar a recuperar el control interno de las cárceles.
Un flagelo sostenido por la inacción
La extorsión desde prisión no es un fenómeno nuevo. Durante años fue tratada como una consecuencia inevitable del hacinamiento o de las fallas estructurales del sistema penitenciario. Sin embargo, los hechos recientes muestran que parte del problema se sostuvo por una mezcla de abandono institucional y falta de voluntad política.
Celulares activos, líneas funcionando y estructuras criminales operando desde las cárceles no son un misterio técnico. Son el resultado de decisiones que nunca se tomaron. El anuncio del mantenimiento de redes y del restablecimiento progresivo del bloqueo de señal en los centros penitenciarios identificados como focos de extorsión marca, por primera vez en más de una década, un intento serio de cerrar esa puerta.
Humanización con control: el caso de Buenaventura
Durante mucho tiempo se planteó una falsa disyuntiva: o se garantizaban los derechos humanos en las cárceles o se imponía el orden. Los hechos recientes desmienten esa narrativa. Mientras se adelantan operativos para frenar la criminalidad desde los centros de reclusión, el Ministerio de Justicia también ha sostenido presencia en territorio y mesas de diálogo con comunidades históricamente abandonadas, como Buenaventura. Allí se han verificado condiciones de las personas privadas de la libertad, se avanza en planes de mejora integral y se proyecta la construcción de un nuevo establecimiento carcelario con enfoque de derechos humanos, además de una nueva Casa de Justicia para la comunidad.
Humanizar el sistema penitenciario no significa permitir que las cárceles sigan siendo centros de extorsión. Significa dignidad con orden, derechos con control institucional y un Estado que esté presente tanto dentro como fuera de los muros.
Seguridad no es un discurso, es una decisión
La lucha contra el crimen no se gana con buenas intenciones ni con promesas de largo plazo. Se combate con acciones concretas, medibles y sostenidas en el tiempo. Requisar celulares, bloquear señales y recuperar el control interno de las cárceles no es espectacular, pero sí efectivo.
Este operativo no resuelve por sí solo el problema de la extorsión en Colombia. Pero sí deja una lección clara para el debate público: La extorsión desde las cárceles no se sostuvo por falta de capacidad del Estado, sino por la ausencia de decisiones. Cuando el Estado actúa, el delito retrocede; cuando no, se normaliza. Lo demás, durante años, fueron excusas.
