Por: Por: Juan Carlos Solano
La transición energética ya empezó. En La Guajira, lo que todavía no empieza es la respuesta a una pregunta básica: ¿de qué va a vivir la gente cuando el carbón deje de sostener la economía? Lo digo como trabajador minero y como líder de un sindicato que ha vivido este proceso desde adentro: SINTRACARBON. Porque mientras en el país se habla de cambio, de futuro y de energía limpia, en los municipios la conversación es otra: qué va a pasar con los ingresos, el comercio y todo lo que hoy depende de la minería, es decir, con la misma base de la economía local.
Es preciso resaltar que, los trabajadores no estamos en contra de la transición. Sabemos que es necesaria y que el mundo tiene que cambiar la forma en que produce energía para lidiar con el cambio climático. Sabemos que la vida (tal como la conocemos) está en riesgo si no se toman decisiones de fondo. El punto no es si se hace o no, sino cómo se hace y en qué condiciones se implementa en los territorios. Porque el riesgo es que ocurra el cambio de matriz energética, sin resolver qué pasa con las personas que hoy dependen de la economía de los combustibles fósiles, dejando un vacío entre una decisión técnica y global y, su impacto local.
En ocasiones, la transición se cuenta como una historia sencilla: una energía se va y otra llega. Pero, en el territorio, las cosas no funcionan así. Lo que existe no desaparece de un día para otro sin dejar consecuencias, ni las dinámicas económicas se reemplazan de manera automática. Lo que se construyó durante años no se reemplaza con una promesa. Y cuando ese proceso no se entiende, o no se explica en los lenguajes de las comunidades, lo que se produce no es cambio, sino incertidumbre.
El carbón no ha sido solo una fuente de empleo. Ha sido el centro de una red que sostiene la vida: transporte, tiendas, servicios y pequeños negocios. Es el hilo que ha mantenido conectada la economía local. Por eso, cuando una mina se cierra o reduce su operación, no solo se pierde un trabajo. Se afloja ese hilo y todo empieza a desordenarse.
No están cambiando solo una fuente de energía. Están desarmando una economía que tomó décadas en construirse y,ese proceso no ocurre sobre un terreno vacío, sino sobre territorios que ya tienen una forma de funcionar, con dinámicas sociales y productivas consolidadas. Cuando ese funcionamiento se interrumpe sin una alternativa económica y laboral clara, lo que queda no es un cambio planeado , sino un vacío, un desorden, que se refleja en la incertidumbre de las familias.
Hoy, muchos trabajadores ven los nuevos proyectos energéticos como una señal de lo que viene, pero no como una oportunidad inmediata. Saben que el cambio es inevitable, pero no ven cómo se traduce en estabilidad laboral, trabajo decente e ingresos reales en el corto plazo, ni cómo pueden vincularse a los procesos de transición en el empleo, si es que existen. La promesa está, pero todavía no aterriza plenamente y de forma material en la vida cotidiana.
Ahí aparece una pregunta concreta: ¿Qué pasa con los negocios locales cuando quienes sostenían el consumo dejan de tener ingresos? La economía no se apaga como una mina, pero sí puede quedarse sin aire cuando pierde su base de movimiento. Y cuando eso pasa, no se afecta solo a una persona, sino a toda la cadena que depende de ese ingreso, generando efectos dominó en el territorio.
Hay algo más que también debería preocuparnos. Cuando una economía se debilita, no solo se pierden ingresos. Se pierden certezas, se rompen rutinas, se debilitan vínculos. El trabajo no es solo un salario: es una forma de organizar la vida y de construir estabilidad. Por eso, cuando desaparece sin una transición clara, sin procesos de acompañamiento y pedagogía, lo que queda no es solo un problema económico, sino una sensación de desarraigo.
Por eso, reemplazar el carbón por energías renovables, sin transformar la economía del territorio, no es una transición. Es una sustitución que puede repetir los mismos problemas con otro tipo de proyectos. La experiencia de la bonanza del carbón es un antecedente, en el cual, durante años, La Guajira generó riqueza que no siempre se tradujo en bienestar para su gente.
Hoy, el riesgo es que el modelo cambie sin que cambien las condiciones de fondo. La diferencia es que ahora los trabajadores no están en silencio. Se están organizando, están entrando en espacios donde antes no estaban y están exigiendo ser parte de la conversación. Porque entendieron que si no participan, el futuro se decide sin ellos.
Para que esta vez sea distinto, se necesitan decisiones concretas, una economía que genere empleo estable más allá de los proyectos energéticos, herramientas como una Zona Franca que atraigan empresas reales y sostenibles, generación de empleos verdes, energía que también beneficie al territorio con tarifas justas y acceso digno, y una participación efectiva de las comunidades afro, alijuna y wayuu y de los trabajadores en las decisiones y los beneficios. La infraestructura, la logística y el conocimiento que hoy existen alrededor de la minería no son un problema que hay que cerrar, sino una base que se puede transformar a través de políticas claras, pedagogía, planeación y participación.
Actualmente, ese camino no tiene un norte claro, y al carecer de claridad, aumenta la desconfianza en la transición energética, más aún, cuando las decisiones se toman lejos del territorio y los costos recaen en quienes han dependido del carbón. La transición energética es necesaria, pero la pregunta es ¿cómo se hace en lugares como La Guajira? Porque si no hay una respuesta concreta, ni una ruta sobre qué va a reemplazar esta economía y qué tipos de empleos se van a generar el proceso difícilmente será justo. Porque si la transición es necesaria para cuidar la vida, también tiene que ser justa para quienes han vivido de sostenerla.
