Por: Una investigación periodística puso bajo la lupa la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella tras revelar el presunto apoyo logístico del empresario y abogado estadounidense Dan Newlin, reconocido por ser uno de los principales donantes del presidente Donald Trump. El caso abrió un debate sobre una eventual violación a las normas colombianas que prohíben la financiación extranjera en procesos electorales.
De acuerdo con la investigación publicada por La Nueva Prensa, Newlin habría puesto a disposición de la campaña su avión privado, un Cessna Citation Latitude con matrícula N444DN, conocido como “Dan Force One”, para movilizar al entonces candidato y a miembros de su equipo durante la segunda vuelta presidencial.
Registros fotográficos, videos y datos de vuelos muestran la aeronave realizando desplazamientos entre ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y Sopó. Además, el empresario estadounidense habría participado en diferentes actos de campaña, compartiendo escenario con figuras como el cantante Andrés Cabas y la empresaria Marianne Schaller.
El principal cuestionamiento no gira únicamente alrededor del uso del avión, sino sobre el valor económico que habría representado este apoyo. La legislación colombiana, a través de la Ley 1475 de 2011, el Acto Legislativo 01 de 2009 y el Código Penal, prohíbe que las campañas presidenciales reciban aportes, directos o en especie, provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras.
Precisamente, el préstamo gratuito de una aeronave privada podría ser considerado un aporte en especie que debía ser reportado ante el Consejo Nacional Electoral dentro del sistema Cuentas Claras, plataforma oficial para registrar los ingresos y gastos de las campañas.
Sin embargo, según la investigación, el informe financiero presentado por el movimiento Defensores de la Patria registra cero pesos por concepto de donaciones, situación que ha despertado nuevas dudas frente al origen de los recursos utilizados durante la campaña.
El reportaje también sostiene que únicamente los desplazamientos en avión privado durante la segunda vuelta podrían representar cientos de millones de pesos, teniendo en cuenta que el alquiler de un jet ejecutivo para vuelos nacionales puede costar entre 40 y 90 millones de pesos por trayecto, dependiendo de las condiciones operativas. A ello se sumarían gastos asociados a eventos públicos, logística, publicidad y actividades proselitistas.
La investigación también documenta la presencia de Andrés Depew, ciudadano colombo-estadounidense vinculado a Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump en Florida, quien acompañó diferentes actividades de campaña y difundió fotografías junto a Abelardo de la Espriella utilizando prendas con la marca Trump y abordo del denominado “Dan Force One”.
Asimismo, se menciona la participación del empresario español Javier Negre, fundador de medios digitales de línea conservadora, quien respaldó públicamente la candidatura y realizó cubrimientos internacionales de la campaña.
El caso tomó mayor dimensión después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que existían indicios de una presunta inversión de 1,8 millones de dólares por parte de Dan Newlin en publicidad digital para favorecer a De la Espriella y afectar a sus contendores políticos. El empresario rechazó esa afirmación y negó haber realizado aportes económicos, aunque reconoció públicamente su respaldo político al entonces candidato y difundió contenido en apoyo a su campaña a través de redes sociales.
Hasta el momento, no existe una decisión oficial del Consejo Nacional Electoral ni de otra autoridad que concluya que la campaña de Abelardo de la Espriella incurrió en financiación ilegal o que el uso del avión privado constituyera un aporte prohibido por la legislación colombiana.
No obstante, las revelaciones periodísticas han intensificado el debate sobre el origen de los recursos utilizados durante la campaña presidencial y podrían dar lugar a investigaciones administrativas, electorales o penales si las autoridades encuentran elementos que permitan establecer posibles irregularidades en la financiación del proceso electoral.
