Por: El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de eliminar la figura del Alto Comisionado para la Paz a partir del próximo 7 de agosto de 2026 provocó una ola de reacciones desde distintos sectores de la izquierda colombiana, cuyos dirigentes advirtieron sobre los efectos que la medida podría tener en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Durante una alocución, De la Espriella aseguró que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz desaparecerá y que sus funciones serán asumidas por el Comisionado Nacional de Seguridad. Según explicó, su administración no impulsará nuevos procesos de negociación con grupos armados y concentrará sus esfuerzos en fortalecer la seguridad y combatir lo que calificó como un “sistema de impunidad”.
Las declaraciones fueron respondidas por dirigentes del Pacto Histórico y otros sectores políticos. La senadora María José Pizarro afirmó que la decisión representa el inicio del desmonte de la institucionalidad creada para consolidar la paz y sostuvo que, bajo el discurso de la seguridad, se estaría debilitando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.
En la misma línea, el senador Wilson Arias aseguró que incluso durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se mantuvo la figura del Alto Comisionado para la Paz. Además, cuestionó las declaraciones del presidente electo sobre los firmantes del acuerdo con las extintas Farc y advirtió que podrían generar incertidumbre frente a las garantías ofrecidas durante el proceso de paz.
Por su parte, el senador Ariel Ávila sostuvo que el Acuerdo Final de Paz tiene respaldo constitucional y afirmó que cualquier intento de desmontar su implementación tendría implicaciones jurídicas. En ese sentido, señaló que la institucionalidad creada para ejecutar los compromisos del acuerdo no puede eliminarse de manera unilateral.
El también dirigente político Roy Barreras calificó la propuesta como un error y aseguró que la Consejería Presidencial para la Paz tiene un sustento legal y constitucional que impediría su eliminación mediante un decreto. Agregó que esa instancia continúa siendo necesaria para desarrollar procesos de desmovilización, reincorporación y construcción de paz en el país.
Finalmente, el excandidato presidencial Iván Cepeda cuestionó la decisión del mandatario electo y afirmó que el desmonte de la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo Final enviaría un mensaje contrario a los esfuerzos de paz desarrollados en Colombia durante los últimos años.
Hasta el momento, el presidente electo ha reiterado que su gobierno priorizará una política centrada en la seguridad y que no continuará con los actuales procesos de negociación con grupos armados, una postura que sigue generando un amplio debate político de cara al inicio de su mandato.
