Por: El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto, con el propósito de acelerar la atención de la población damnificada y disponer de recursos para la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.
La declaratoria quedó establecida mediante el Decreto 1261 de 2026, expedido el 19 de agosto, y tendrá una duración de 30 días. Durante ese periodo, el Ejecutivo podrá expedir decretos con fuerza de ley para adoptar medidas directamente relacionadas con la emergencia.
El más reciente balance oficial, con corte al 20 de agosto a las 6:30 a. m., reportó 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas, además de daños significativos en viviendas e infraestructura.
La emergencia cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
La cobertura también incluye los municipios identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y aquellos que posteriormente puedan demostrar afectaciones directamente relacionadas con el terremoto.
Según el reporte situacional, 476 municipios presentan algún nivel de afectación, mientras que más de 30.000 viviendas habrían quedado destruidas y cerca de 170.000 presentan daños.
¿Qué puede hacer el Gobierno con la emergencia económica?
La declaratoria no significa que los damnificados reciban automáticamente subsidios, créditos o transferencias. Su principal efecto es otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias para adoptar medidas temporales destinadas exclusivamente a enfrentar las consecuencias del desastre.
En la práctica, el Gobierno podrá expedir normas que permitan movilizar recursos y acelerar procesos que, bajo los procedimientos ordinarios, podrían tardar más tiempo.
El decreto contempla específicamente herramientas relacionadas con presupuesto, crédito público, tributación, régimen cambiario y operaciones financieras, siempre que estén vinculadas directamente con la atención de la emergencia.
Entre las alternativas previstas están las modificaciones presupuestales, operaciones de crédito público y utilización de recursos del Sistema General de Regalías, además de donaciones, recursos de fondos especiales y otras fuentes de financiación.
También se contempla la posibilidad de utilizar préstamos con cargo al Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías, así como disponer temporalmente de saldos de determinados fondos especiales mediante mecanismos que contemplen su posterior reembolso.
¿Por qué el Gobierno declaró la emergencia?
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que los recursos disponibles por las vías ordinarias no serían suficientes para responder a la magnitud de la emergencia.
El decreto señala que la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuenta con aproximadamente $47.265 millones destinados a la línea de manejo de desastres, una suma que el Gobierno considera insuficiente frente a las necesidades de atención inmediata, rehabilitación y reconstrucción.
La declaratoria busca, por tanto, ampliar temporalmente la capacidad financiera del Estado para responder a esas necesidades.
¿Qué significa para los departamentos afectados?
Para los territorios incluidos en la emergencia, la medida puede traducirse en mayor capacidad del Gobierno nacional para movilizar recursos, financiar obras y adoptar medidas especiales de recuperación.
Sin embargo, los beneficios concretos dependerán de los decretos que expida el Ejecutivo durante los 30 días de vigencia de la emergencia. Esas normas deberán guardar una relación directa con las causas y efectos de la calamidad.
En otras palabras, la declaratoria no es en sí misma un paquete de ayudas, sino el mecanismo constitucional que habilita al Gobierno para tomar decisiones extraordinarias frente a una situación que considera imposible de atender adecuadamente mediante las herramientas ordinarias.
El desafío ahora será determinar cómo se distribuirán los recursos entre los territorios afectados, cuáles serán las prioridades de reconstrucción y qué mecanismos de control se implementarán para garantizar que el dinero destinado a la emergencia llegue efectivamente a las comunidades damnificadas.
