Por: El excandidato presidencial Santiago Botero enfrenta una demanda presentada en Estados Unidos por presunto fraude relacionado con la venta de la fintech FinSocial, operación que se concretó en 2021 y que ahora podría derivar en reclamaciones superiores a US$150 millones.
La acción judicial fue presentada el 8 de julio de 2026 ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York por Christofferson Robb & Company LLC, con sede en Reino Unido, y General Investments (Cayman) Limited, registrada en Islas Caimán.
Los demandantes cuestionan la información financiera que recibieron durante el proceso de adquisición del 100 % de las acciones de FinSocial, operación que tuvo un valor aproximado de US$36 millones.
Según la demanda, la empresa fue presentada a los compradores como una compañía tecnológica especializada en créditos de libranza y consumo. Sin embargo, auditorías realizadas posteriormente habrían identificado inconsistencias en los estados financieros utilizados para sustentar la transacción.
La acción judicial señala a Botero, al grupo Kandeo y a Medici S.A.S. por presuntamente haber entregado información falsa o engañosa durante las negociaciones.
Demanda cuestiona la cartera que respaldaba un préstamo de US$19 millones
Uno de los principales elementos del litigio está relacionado con un préstamo puente de US$19 millones otorgado a FinSocial para ampliar su cartera de créditos.
Los compradores sostienen que, al momento de aprobarse el desembolso, se certificó que la información financiera de la compañía era correcta y que los créditos utilizados como garantía eran válidos.
La demanda, sin embargo, afirma que una parte de esa cartera no habría existido o no tendría las condiciones reportadas.
Entre las pruebas incorporadas al expediente aparece un informe de auditoría elaborado por Bancóldex en febrero de 2025. Según la información citada por El Tiempo, el 98 % de los créditos utilizados como garantía presentaba una mora superior a 30 días, mientras que cerca de $42.000 millones del capital que respaldaba la operación corresponderían a créditos ficticios o inactivos.
Los demandantes también señalaron como testigo relevante al exdirector financiero de FinSocial, Juan Manuel Puerto, a quien atribuyen conocimiento sobre presuntas irregularidades contables dentro de la compañía.
No obstante, existe un elemento que matiza esa acusación. De acuerdo con el medio citado, Puerto habría presentado una declaración notariada en la que niega haber afirmado que Botero ordenó manipular los libros contables de FinSocial.
Ese documento podría convertirse en un punto relevante dentro de la discusión judicial sobre el alcance de los testimonios utilizados por los demandantes.
Compradores también denuncian operaciones con empresas relacionadas
La demanda incluye además cuestionamientos sobre operaciones financieras realizadas antes de la adquisición de FinSocial.
Según los demandantes, entre 2019 y 2021 se realizaron transacciones por aproximadamente $57.000 millones con compañías relacionadas con Botero, operaciones que, según su versión, no habrían sido reveladas adecuadamente durante el proceso de venta.
Los compradores sostienen además que, después del cierre de la operación, se habrían producido movimientos de recursos y ocultamiento de activos.
La acusación plantea que decenas de millones de dólares fueron transferidos sin un propósito comercial legítimo, incluyendo operaciones que habrían beneficiado directamente a Botero y a compañías vinculadas con él.
Estas afirmaciones hacen parte de la demanda y deberán ser sustentadas y controvertidas dentro del proceso judicial en Estados Unidos.
Botero niega las acusaciones
Santiago Botero rechazó los señalamientos y calificó la demanda como una “distorsión de los hechos”.
El empresario sostuvo que los compradores estarían intentando atribuirle a la operación pérdidas relacionadas con factores posteriores a la adquisición, entre ellos movimientos del dólar.
También cuestionó la estructura utilizada por los demandantes para realizar la compra y afirmó que las operaciones financieras de FinSocial contaron con mecanismos de supervisión.
“Ellos quieren de alguna manera simular que su fondo no se equivocó en la operación, que los engañaron”, sostuvo Botero, según declaraciones recogidas por El Tiempo.
El empresario también afirmó que la estructura utilizada por los compradores habría presentado problemas jurídicos y aseguró que fueron ellos quienes incurrieron en actuaciones que, según su interpretación, podrían ser cuestionables.
Por ahora, la demanda apenas inicia su trámite ante la justicia federal estadounidense, por lo que las acusaciones formuladas por los compradores no constituyen una determinación judicial de responsabilidad contra Botero.
El proceso deberá establecer si existieron irregularidades en la información financiera suministrada durante la venta de FinSocial, si hubo incumplimiento de las garantías otorgadas en la operación y si los movimientos financieros señalados por los demandantes ocasionaron los perjuicios económicos que ahora reclaman.
