Por: Los principales firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016 le exigieron al presidente Abelardo de la Espriella explicar qué ocurrirá durante su Gobierno con la arquitectura institucional creada para implementar lo pactado con las extintas Farc y garantizar los compromisos adquiridos con quienes dejaron las armas.
A través de un derecho de petición, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra solicitaron a la Presidencia información detallada sobre las eventuales reformas anunciadas por el nuevo Gobierno y sus efectos sobre la implementación del acuerdo.
La solicitud surge después de que, antes de asumir el cargo, De la Espriella anunciara cambios en la estructura de la Presidencia, entre ellos la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la reorganización de algunas dependencias. También cuestionaron las referencias hechas por el mandatario sobre la situación de Rodrigo Londoño ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los firmantes quieren conocer si esas decisiones cuentan con estudios técnicos, conceptos jurídicos, análisis presupuestales y evaluaciones de impacto institucional.
Pero el requerimiento va más allá de pedir explicaciones políticas. Los peticionarios reclaman copias de los documentos que sustenten cualquier modificación a la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo de Paz, incluso si se encuentran todavía en etapa de elaboración.
Piden saber qué hará el Gobierno con la implementación del Acuerdo de Paz
Uno de los principales puntos del derecho de petición está relacionado con la continuidad de la implementación durante el período presidencial 2026-2030.
Los firmantes solicitaron al Gobierno explicar qué medidas adoptará para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final como política de Estado, cuáles serán las entidades responsables, qué recursos se destinarán y cuáles serán los mecanismos de seguimiento y evaluación.
La solicitud también reclama información sobre el Plan Marco de Implementación (PMI) y los avances de sus indicadores, así como sobre las acciones que se desarrollarán para corregir los rezagos identificados.
En ese mismo sentido, pidieron conocer qué ocurrirá con el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) y cómo se garantizará la transparencia en el seguimiento de los compromisos.
El documento exige además que la Presidencia identifique a la entidad y al funcionario que estarán encargados de coordinar la implementación durante el nuevo Gobierno.
Los firmantes quieren conocer qué nivel jerárquico tendrá esa dependencia, cuáles serán sus funciones, con qué personal contará y cuál será su presupuesto.
También preguntaron quién tendrá a su cargo el seguimiento y la rendición de cuentas ante instancias como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación.
Exigen documentos sobre los cambios anunciados por De la Espriella
El derecho de petición identifica varios anuncios realizados por el hoy presidente antes de su posesión y solicita conocer los fundamentos institucionales de esas decisiones.
Entre ellos están la eventual supresión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la reorganización de consejerías y agencias de la Presidencia y el traslado de funciones relacionadas con la implementación hacia una nueva estructura vinculada con la seguridad.
Frente a estos cambios, los firmantes preguntaron si existen estudios técnicos, jurídicos, administrativos, presupuestales o de impacto institucional que los justifiquen.
También solicitaron matrices de impacto, análisis de riesgos, conceptos de viabilidad, presentaciones, documentos de trabajo, memorandos y comunicaciones oficiales utilizadas para diseñar las modificaciones.
La petición incluye incluso documentos que todavía no hayan sido formalizados.
Si esos estudios o documentos no existen, los firmantes pidieron que la Presidencia lo certifique expresamente y explique si actualmente están siendo elaborados, quién está a cargo y cuándo estarían disponibles.
La seguridad de los firmantes también está en el centro del reclamo
Otro de los ejes del documento es la protección de quienes suscribieron el Acuerdo Final y de las personas vinculadas al proceso de reincorporación.
Los firmantes solicitaron al Gobierno explicar qué medidas adoptará para garantizar su seguridad física y jurídica, particularmente a la luz de las decisiones de la Corte Constitucional y de las resoluciones emitidas por la JEP.
En particular, preguntaron si el Ejecutivo mantendrá o fortalecerá mecanismos como la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Técnica de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
También pidieron información sobre la ejecución del Plan Integral de Protección y las medidas de seguridad destinadas a los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y a las nuevas zonas de reincorporación.
El documento solicita además precisar las responsabilidades de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en los territorios donde existe presencia de organizaciones armadas ilegales.
El futuro de la JEP, otro de los puntos sensibles
La situación de Rodrigo Londoño ante la JEP ocupa un lugar especial dentro del requerimiento.
Los firmantes consideran necesario que el Gobierno precise cuáles serán sus actuaciones frente al sistema de justicia transicional y qué garantías ofrecerá para que quienes suscribieron el Acuerdo puedan continuar sometidos a los mecanismos judiciales establecidos en el pacto.
La preocupación se relaciona con las declaraciones realizadas por De la Espriella antes de asumir la Presidencia y con los cambios institucionales anunciados por su administración.
Por eso, el derecho de petición busca establecer si existe una política concreta frente a la JEP y si las decisiones del Ejecutivo podrían modificar las condiciones institucionales que permiten su funcionamiento.
El reclamo se sustenta, entre otras normas, en la Constitución de 1991, los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017 y la Sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional.
Por ahora, los firmantes no están solicitando una definición política sobre el Acuerdo de Paz, sino información verificable sobre los planes, recursos, responsables y decisiones que adoptará el Gobierno de De la Espriella.
La respuesta de la Presidencia permitirá establecer si los cambios anunciados corresponden a una reorganización administrativa o si implican modificaciones de mayor alcance sobre la institucionalidad creada para garantizar la implementación del Acuerdo Final.
